La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya se cumplimentaron cinco de las seis órdenes de aprehensión que se libraron en contra de los implicados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 39 personas.
En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, comentó que siguen analizando las omisiones en las que pudieron incurrir servidores públicos y personal de la empresa de seguridad y en su caso solicitar más órdenes de aprehensión.
“El día de hoy en la madrugada finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio, órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por el delito de lesiones”.
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Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que ya inició el proceso para revocar el permiso a la empresa de seguridad Grupo Camsa, la cual obtuvo su registro el 3 de septiembre de 2020 y cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
La funcionaria detalló que la compañía tenía reportados cuatro elementos de seguridad; sin embargo en el contrato que firmó con el Instituto Nacional de Migración reportó 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 entidades.
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“Y paralelamente al proceso penal, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revolcarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso, ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.
Tras advertir que la investigación va a llegar “hasta donde tope”, Rodríguez Velázquez comentó funcionarios de diferentes instancias pudieron incurrir en omisiones al no realizar un revisión adecuada de la empresa, cuya autorización vencía en febrero del 2024.
“Hay omisiones de servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo de la propia Secretaría de Seguridad, también de los que hacen los contratos, los convenios sin checar verdaderamente en qué consiste. La Dirección General de Seguridad Privada”.
En las próximas horas se definirá la situación jurídica de las cinco personas que ya fueron detenidas, además de que el migrante señalado de iniciar el fuego, ya fue dado de alta.