El Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a distintas leyes en materia de concesiones para minería y agua.
El proyecto plantea modificar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Fue turnado por la Mesa Directiva de la Cámara a las comisiones unidas de Energía y Economía, para dictamen; y las comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y Medio Ambiente, para opinión.
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Contenido de la iniciativa
Entre las partes centrales de la iniciativa, se encuentra la reducción de la duración y prórroga de concesiones mineras.
El tiempo de vigencia de las concesiones bajará de 50 a 15 años, y la prórroga por una sola ocasión, también será de 15 años. La entrega de las mismas estará sujeta al cumplimiento de obligaciones marcadas en la ley.
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La concesión quedará condicionada a la disponibilidad de agua en la tierra donde se instalarán, y en su caso, a la concesión de agua para minería que se obtenga de manera previa.
Apunta que la figura de asignaciones a favor de paraestatales se modifica. La vigencia en ese caso será por tiempo indefinido y el asignatario tendrá que cumplir las mismas obligaciones que el concesionario, pero no podrá transmitir derecho y obligaciones a terceras personas privadas.
Delitos mineros
Agrega a la ley un capítulo sobre delitos a penalizar, cuando se cometan actividades delictivas en materia de minería.
Con ello, se considerarán delitos en materia minera: la extracción ilegal de minerales o sustancias, enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; el “menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento; así como el traslado ilegal fuera del país, de productos mineros y metalúrgicos.
Más restricciones para concesiones mineras
Prevé regular la práctica de la transmisión de los títulos de concesión.
Añade más causales de cancelación de concesiones mineras, como la falta de informe por posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones y autorizaciones de otras autoridades, y no tener programas de cierre o gestión de residuos.
Los concesionarios deberán presentar de manera obligatoria, estudios de impacto social, programas de restauración, cierre y post-cierre, planes de cierre de mina y programas de manejos de residuos
La propuesta establece que se eliminará el esquema de “terreno libre y primer solicitante”, a través del cambio en la entrega de concesiones, para que éstas se sujeten a “concurso público”.
Así se asegurarán las mejores condiciones económicas para el Estado y la población afectada.
Elimina los “supuestos de afirmativa ficta”, por lo que sólo se otorgarán concesiones a quien participe en los concursos públicos señalados.
Cada concesión se otorgará por mineral o sustancia, no por la totalidad de los recursos que se encuentren en el terreno respectivo.
Elimina el “carácter preferente” a las actividades mineras.
Deroga el derecho de los titulares de concesiones a obtener la expropiación de terrenos para llevar a cabo actividades mineras, al considerar que es “injustificado”.
A cambio, los concesionarios estarán obligados a establecer acuerdos con los propietarios o titulares de derechos sobre los terrenos, así como a pactar contraprestaciones económicas con los propietarios de la tierra, es decir, ejidatarios, comunidades y núcleos agrarios.
Será obligatorio determinar el impacto social de cada concesión minera.
Será requisito llevar a cabo consultas previas, libres e informadas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se vayan a otorgar concesiones.
Agua para minería
En el caso de la Ley de Aguas Nacionales, el proyecto crea la figura de “concesión de agua para uso específico en minería”, con el fin de evitar la sobreexplotación y contaminación de ese recurso.
Aumenta las causales de revocación de concesión de agua cuando se incumplan con los programas de restauración, cierre y post-cierre que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico.
Agrega que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Recuperar control sobre recursos hídricos y minerales
El documento firmado por el Primer Mandatario indica que su propósito es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos mineros e hídricos, que son del dominio de la Nación.
Pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de concesiones mineras y de agua para minería.
Ello, con el propósito de proteger los derechos al medio ambiente sano, la salud, el acceso al agua, de los pueblos indígenas a la preservación de sus territorios, así como preservar los recursos naturales del país.
Terminará régimen “neoliberal” de concesiones mineras y de agua
El proyecto que se presenta en medio de la confrontación, argumenta que durante los gobiernos “neoliberales” se implementaron distintas reformas que “trastocaron la propiedad social y la propiedad de la Nación”, sobre la riqueza minera y los recursos hídricos.
Lo anterior, afirma, para promover la privatización de los sectores referidos, en coordinación con instituciones financieras internacionales.
Recalca que la ley vigente prevé que las concesiones mineras se otorgarán por 50 años y existe la posibilidad de prórroga por otros 50 años, lo que representa en suma, 100 años.