Al hacer pública su resolución, el ministro Javier Laynez Potisek argumentó que la suspensión que le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) fue para preservar el sistema democrático.
Agregó que el decreto de reformas a las leyes electorales supone suprimir varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
Al respecto, explicó que el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE y decreto produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando.
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Laynez Potisek advirtió que de no otorgarse la suspensión, se podrían concretar los ajustes planteados en la norma impugnada.
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Con ello, el INE quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía.