En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resaltó que en el país hay 12 millones de mexicanos que carecen de agua potable, las sequías se han intensificado en la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15%.
Recordó que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992. A la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.
Advirtió que México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas. El primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.
Te podría interesar
Desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600 mil millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Aún así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas, señaló.
La actual administración, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo. El Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso, concluyó el IMCO.