Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados hace 27 años para atender las demandas de los pueblos indígenas a raíz del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, no se han cumplido, lamentaron legisladores federales e invitados al foro temático organizado en la Cámara de Diputados.
Convocados por la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (COCOPA), diputadas, diputados y senadoras de la República se refirieron al 27 aniversario de la firma del documento, el cual se cumplió el pasado 16 de febrero.
27 años de incumplimiento
El presidente de la COCOPA, Alfredo Vázquez, reconoció que la deuda con los pueblos indígenas y el reconocimiento pleno de sus derechos, lleva casi tres décadas sin saldar.
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Indicó que en las distintas reformas a la ley, impulsadas en atención a los pueblos originarios, no se tomaron en cuenta temas centrales como la situación de las juventudes indígenas, el cambio climático, el uso de los recursos ambientales en las comunidades, ni el respeto a la cultura indígena.
Tampoco se atendió debidamente a las personas desplazadas a raíz del surgimiento del EZLN.
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La agenda de derechos colectivos, acceso a la justicia y reconocimiento legal pleno para los pueblos indígenas y también los afromexicanos, no se ha cumplido, es un pendiente histórico, recalcó.
Gobierno y Congreso incumplen a pueblos indígenas
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en San Lázaro, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi, expresó que desde el alzamiento zapatista a la fecha ni gobiernos ni congresos en los distintos niveles han querido cumplir con los ciudadanos afectados y que debían quedar amparados a la luz de los Acuerdos de San Andrés.
Indicó que cuando se instaló la COCOPA, los legisladores recibieron peticiones y documentos de grupos de personas desplazadas de sus comunidades desde 1994, y que a la fecha no han sido atendidas.
Los procesos de desplazamiento en el sur sureste del país, especialmente en Chiapas, han afectado en todos los sentidos los derechos de población e incluso su arraigo e identidad.
Sentenció que las comunidades indígenas siguen viviendo en desigualdad y en medio de un retroceso en la protección a sus derechos a la cultura, el reconocimiento, respeto a su cultura y organización, a la propiedad de la tierra, a la salud, educación, paz y a la democracia.
Acuerdos de San Andrés, estancados
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República e integrante de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, lamentó que como en 1994, la visión de los gobiernos y sus políticas públicas hacia los pueblos indígenas, estén enfocadas a la pobreza, cuando el centro de esas acciones debería ser el respeto a sus derechos.
Calificó como “una traición” del Gobierno Federal a cargo en ese momento, del ahora expresidente Ernesto Zedillo, que en lugar de cumplir los Acuerdos, se ordenó la detención del identificado como líder del movimiento, conocido como el “Subcomandante Marcos”.
No sólo el Gobierno Federal traicionó a los interlocutores, sino que los congresistas de todas las fuerzas políticas también, al impulsar una reforma en materia indígena “mocha” que en la letra reconocía y otorgaba autonomía a los pueblos, pero en los hechos, los acotó a las decisiones de los gobiernos y congresos estatales.
Las reformas legales, recriminó, nunca reconocieron a los mexicanos indígenas como sujetos de derechos, aunado a que las instituciones dedicadas a su atención como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en especial en la presente administración, han sufrido recortes presupuestales de al menos el 40 por ciento.
Ello muestra el desinterés de la administración federal, que se ha limitado a dispersar pensiones y becas de la política social, y a destinar recursos multimillonarios a obras como el Tren Maya, pero no necesariamente al desarrollo de las comunidades indígenas.
Gálvez Ruiz dijo que en consecuencia, es momento de que los congresistas federales “desatoren” las reformas legales y constitucionales que sean necesarias para cumplirle a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Al comprometerse a convencer a los senadores del PAN a que voten con la mayoría de Morena por esas modificaciones legales, agregó que los cambios en cuestión están “atorados” también en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde “alguien” no quiere que sean aprobados, porque se tocan intereses particulares en aspectos como el medioambiental, alertó.