La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 479 votos, modificaciones a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que serán turnadas al Senado de la República para su estudio y eventual aprobación.
En cumplimiento de una orden de la Suprema Corte, que declaró inconstitucionales algunos aspectos de la norma, los congresistas integraron al texto los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza.
Asimismo, eliminaron el concepto de “fuerza epiletal”.
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Regulación adecuada del uso de la fuerza
La norma modificada señala que el uso de la fuerza, sujeto a las reglas que marca la ley, tiene como propósito preservar la vida, las libertades, integridad y patrimonio de las personas.
También, contribuye a generar, mantener o restablecer el orden público, la seguridad y la paz pública.
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Las disposiciones establecen que el uso de la fuerza aplicará cumpliendo los principios de racionalidad, sustentado en la valoración del objetivo que se busca al utilizar esa medida, las circunstancias de las agresiones a contrarrestar, de las características personales y las capacidades de la persona o personas a controlar, así como de los propios elementos de seguridad que actuarán.
Esto implicará que ante un acto hostil, se determinará de manera razonada si es necesario aplicar la fuerza pública.
Oportunidad en el uso de la fuerza
Agrega que debe cumplirse el principio de oportunidad, con el fin de que al hacer uso de la fuerza se eviten actuaciones innecesarias que pudieran acrecentar el peligro o riesgo para la vida de personas ajenas a los hechos.
La oportunidad en el uso de la fuerza, dependerá del momento y lugar y las condiciones que permitan reducir al máximo los daños y afectaciones a la vida e integridad de las personas involucradas en una situación de riesgo, y en especial de terceras personas.
Al participar en el debate, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara e integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcela Guerra explicó los alcances de la reforma.
“Estos principios que se proponen hoy incorporar, el de racionalidad y oportunidad, complementan la proporcionalidad y la definición de métodos, técnicas, tácticas del uso de la fuerza, mediante el empleo de armas incapacitantes, letales y no letales”, dijo.
Es relevante dejar claro que el principio de oportunidad en la aplicación de la fuerza, permitirá evitar “todo tipo de actuación innecesaria cuando exista un evidente peligro de la vida de las personas que sobre todo sean ajenas a los hechos”, remarcó.
El dictamen aprobado por los congresistas señala que en el año 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, con el fin de declarar la invalidez de artículos de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, aprobada en el Congreso y que entró en vigor en mayo de ese mismo año.