La Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera debería contemplar medidas para impedir la operación de quienes, sin contar con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ofrecen préstamos y créditos de manera exprés y sin solicitar, de inicio, mayores requisitos.
Rocío Corona, integrante de la bancada del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados, así lo propuso.
La legisladora pidió adecuar la norma para impedir que instancias no autorizadas se ostenten o promocionen como instituciones de tecnología financiera, a través de aplicaciones, páginas de internet y otros medios electrónicos.
Señaló que esos organismos deberán proporcionar a sus clientes los contratos que respalden sus servicios, y donde señalen en lenguaje sencillo, todos los conceptos, montos a cobrar, retenciones, intereses o cargos que se vayan a aplicar a los usuarios.
Añadió que será necesario incluir en la ley que por ningún motivo se permitirá el cobro de intereses más allá del tiempo de duración de los contratos.
Tampoco se permitirán modificaciones a los contratos, en sus términos, plazos, montos del crédito o préstamo o condiciones acordadas al inicio de la transacción.
Se debe impedir que esas instituciones penalicen en el pago anticipado o no lo permitan, de préstamos y créditos.
Pidió que se regule el uso de la información de los clientes con fines publicitarios, para impedir que tengan acceso directo o indirecto a los datos que guardan los usuarios en sus teléfonos celulares, tabletas, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico , incluyendo contactos telefónicos, fotografías o videos.
El proyecto enviado a estudio a la Comisión de Hacienda de la Cámara señala que es necesario regular a los prestamistas de créditos exprés, para que operen en el marco de La Ley.
Con ello se podrá evitar que esas organizaciones sean utilizadas como fachadas para el encubrimiento de delitos y para la operación del crimen.
Indicó que de acuerdo a las autoridades del sector sólo el 18 por ciento de las empresas de préstamos y créditos rápidos, están reguladas y en realidad ofrecen los servicios prometidos; mientras que el 82 por ciento restante se dedica a recolectar datos personales .
Añadió que de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 2022 hubo mil 505 quejas por fraudes en las solicitudes de créditos exprés.