El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que forman parte del plan B.
El decreto publicado 27 de diciembre de 2022 establece, entre otros puntos, que no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos.
En su escrito, el INE argumentó que dichas modificaciones crean condiciones que merman su autonomía y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
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Indicó que la Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
Agregó que la reforma desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, sin pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.
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Indicó que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 constitucional, con lo cual se impide ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
El INE refirió que el proceso legislativo se realizó apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
Mencionó que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.