La decisión de las autoridades sanitarias del país, de frenar la autorización a vacunas contra COVID-19, con el argumento de que no cumplieron todos los requisitos en materia de información técnica, es una muestra más de la “dictadura sanitaria” del Gobierno Federal, acusó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
A través del diputado Éctor Jaime Ramírez, que también es secretario de la Comisión de Salud en el recinto, la fracción albiazul lamentó que instancias tan relevantes para el sector salud, como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, estén sujetas a decisiones políticas.
En una serie de mensajes publicados en redes sociales, lamentó que la autorización de vacunas contra coronavirus, Pfizer y Moderna, se haya retrasado por presuntos motivos técnicos.
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Cuestionó que el Gobierno Federal ponga trabas a la entrada de esos biológicos al país, mientras que con otros antídotos contra el virus, no autorizados a nivel internacional, como la vacuna cubana Abdala, las puertas están abiertas.
Aseguró que los ciudadanos tienen derecho a recibir vacunas efectivas contra el virus a través del sector salud, y no sólo eso, sino a poder adquirir en el mercado, si sus capacidades se lo permiten, vacunas autorizadas y actualizadas.
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“¡La dictadura sanitaria se mantiene! Todo indica que México NO contará con vacunas eficaces y seguras este año. @COFEPRIS impone obstáculos regulatorios a vacunas de Pfizer y Moderna. ¡Pero NO somete a estos procesos a las vacunas rusas y cubanas que aplica el gobierno! ¡La población tiene el derecho de elegir la vacuna de su elección! Nuevamente hacemos un llamado a liberar las vacunas para su circulación en el mercado”, demandó en uno de distintos mensajes largos publicados en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @ectorjaime.
Replicó el comunicado oficial de COFEPRIS y la Secretaría de Salud federal, en el cual se señala que los laboratorios solicitantes de registro para vacunas COVID, fueron los que “requirieron mayor tiempo para ingresar información faltante”.
El parlamentario también pidió que la Comisión aclare qué tipo de requisitos técnicos no cumplieron los laboratorios que solicitaron autorización, cuando a nivel internacional, ya han sido revisadas, autorizadas y están en uso. “¿Qué falta en México?”, remarcó.
Reforma para agilizar registros sanitarios
En consecuencia, Ramírez Barba se pronunció a favor de que el Legislativo tome cartas en el asunto y emita regulación para impedir que organismos como la Comisión Federal contra Riesgos, no sean utilizados ni dirigidos a partir de criterios políticos ni ideológicos, sino estrictamente sanitarios.
“Ante el nuevo retraso en @COFEPRIS para la liberación de las vacunas contra #COVID19, es urgente aprobar la iniciativa que presentamos en Cámara de Diputados para terminar con la parálisis regulatoria Hoy Cofepris está sometido a decisiones políticas Urge que la ley se actualice para obligar a la autoridad a otorgar los registros sanitarios de las vacunas, con evidencia científica y con procesos ágiles que ayuden a proteger a tiempo la salud de la población”, anotó.
Derecho a comprar y administrarse vacunas
En una nueva publicación larga, detalló que la propuesta de la bancada panista indica que toda persona, sin importar su edad, y con el único requisito de residir en el territorio nacional, tendrá derecho a comprar y administrarse las vacunas de su preferencia, siempre y cuando éstas tengan el registro sanitario que marca la ley y le sean indicadas por un profesional de la salud.
Agrega que los procedimientos para autorizar registros, importación y liberación de vacunas tendrán que ser prioritarios, por razones de seguridad pública y seguridad nacional.
En casos de emergencia sanitaria, los procedimientos deberán desahogarse de inmediato, aunado a que se facilitará la autorización para el uso emergente de vacunas que cumplan los requisitos de ley.
Las autorizaciones deberán entregarse bajo condiciones de transparencia, equidad, oportunidad y “libre de conflictos de interés”.
Añade que toda vacuna autorizada de emergencia, se sumará al Programa de Vacunación Universal, para su inmediato suministro y disponibilidad.
Si la emergencia se asocia a enfermedades transmisibles, el Consejo Nacional de Vacunación y las autoridades sanitarias deberán establecer las medidas para llevar a cabo la vacunación, tomando en cuenta a todos los grupos de edad y poblaciones prioritarias.
También se deberán emitir reglas para la actualización de los biológicos y criterios para liberarlos al mercado, agrega el proyecto.