El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), analizó los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación respecto a la segunda entrega de la cuenta pública 2022, en la que encontró que existe una tendencia del órgano fiscalizador al realizar cada año menos auditorías; en esta ocasión se identificaron posibles daños al erario por 7 mil 175 millones de pesos que corresponden a 0.3% del monto total auditado.
Destacó que los rubros que concentran los montos más altos con posibles irregularidades son: empresas productivas del Estado con 591 millones; infraestructura, comunicaciones y transportes con 150 millones y desarrollo agrario, territorial y urbano con 96 millones. Además emitió mil 730 acciones; la acción más común fue el pliego de observaciones, seguida por las promociones de responsabilidad administrativa sancionatorio.
En el gasto federalizado, la ASF encontró que el rubro Educación concentra el monto más alto con posibles irregularidades a razón de 3 mil 248 millones de pesos, de esta cifra, 446 millones es decir el 13%, ya se reintegraron al erario y 2 mil 802 millones están pendientes por aclarar; infraestructura social con mil 52 millones de pesos de los cuales sólo 27 millones se han recuperado efectivamente y el resto deben aclararse en los próximos 30 días hábiles.
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El IMCO destacó que los informes individuales revelan hallazgos importantes del gasto público relacionados con irregularidades en contratos, sistemas contables, pagos, obras de infraestructura y programas públicos. Algunos son: la Comisión Federal de Electricidad que no contó con una normativa que defina el modelo de contrato para la compraventa de energía con clientes externos lo que derivó en una disminución de ingresos por 478 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores omitieron la definición de algunos instrumentos normativos lo que afectó la profesionalización de sus trabajadores. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional evidenció fallas e irregularidades en la gestión de obra pública, especialmente en la construcción de viviendas para el personal.