El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para la realización de los debates entre las candidaturas a diputaciones federales y senadurías.
Se acuerdo con los lineamientos aprobados, la transmisión y promoción de los debates se llevará a cabo en las redes sociales institucionales, mientras que los Consejos Locales y Distritales del instituto deberán gestionar su transmisión en medios locales, misma que deberá llevarse a cabo en los horarios con mayor audiencia, según la entidad y el medio que corresponda.
Asimismo, las personas que participen en la moderación de los debates deberán privilegiar el diálogo entre las candidaturas y evitar convertirse en protagonistas del mismo.
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En este marco, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña pidió evitar que los discursos permeen estos espacios.
“Este espacio de debates tiene que hacer la diferencia y acercarlo a la ciudadanía y esperamos una participación muy activa y esperamos que esto nos ayude a tener un debate sano, donde podamos combatir la desinformación y no permitamos que un discurso de polarización permee estos espacios de debate donde tenemos que mostrarle a la ciudadanía cuáles son las políticas públicas que están proponiendo para atender sus demandas” .
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En la misma sesión, también aprobó los lineamientos para el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, el cual se realizará del 6 al 20 de mayo del 2024.
Al respecto, De la Cruz Magaña refirió que este proceso será un hecho histórico, pues será la primera vez que las personas que se encuentran en reclusión voten por quien deberá ocupar la Presidencia de la República.
“Será la primera vez que las personas que se encuentran en prisión preventiva tengan la posibilidad de votar para elegir a la próxima o próximo titular de la Presidencia de la República. Es igual de histórico que el actual proceso electoral, en el cual se elegirán más de 20 mil cargos”.
Serán considerados para la realización del ejercicio de votación, los centros penitenciarios que cuenten con las condiciones de seguridad e infraestructura pertinentes para la instalación de las mesas receptoras del voto.
En tanto, las personas privadas de su libertad deberán estar inscritas en la lista nominal del electorado en territorio nacional y no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria o resolución en la que se imponga como pena la prisión.