Decreto para reactivar trenes de pasajeros llegará a los tribunales, advierten abogados

El nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar los trenes de pasajeros a través de siete rutas, llegará a los tribunales, donde se resolverá si pasa la prueba de constitucionalidad, aseguraron en entrevista con MVS Noticias abogados en derecho constitucional y administrativo.

Rodrigo Soto Morales, abogado de Sotmor Consultores, refirió que en temas de transporte, en cualquiera de sus modalidades, siempre se tiene que tomar en cuenta el aspecto técnico, económico y jurídico de un proyecto para evaluar el impacto financiero y con ello determinar su viabilidad.

Señaló que un primer impacto del decreto para reactivar los trenes de pasajeros se vería reflejado en la explotación y administración de las concesiones otorgadas a las empresas que prestan el servicio ferroviario de transporte de carga.

“Para empezar se tienen que defender las concesiones legalmente otorgadas a los concesionarios de las vías férreas para uso de carga porque van a ver mermadas sus capacidades de explotación y administración de acuerdo con su título de concesión y el Ejecutivo no lo puede hacer sin agotar el debido proceso. Entonces, como suele pasar, va haber lluvias de amparos”.

Asimismo, el litigante puntualizó que la administración de López Obrador no debe pasar por alto otros factores como una eventual saturación de las vías e incluso temas como el de la migración y la inseguridad.

“Las que estén muy saturadas se volvería un problema logístico altamente complicado, basta ver una muestra, el Metro de la Ciudad de México que sólo se dedicada a pasajeros, tiene problemas de logística todos los días desde hace tres años y también problemas de mantenimiento. Basta ver el problema que tenemos con el abordaje de trenes por parte de migrantes en el caso de los de carga. Creo que hay que resolver cosas más urgentes y más básicas antes de buscar impactos mediáticos, demagógicos, populistas que no redundan en beneficio de la población”.

Respecto a la advertencia que hizo el primer mandatario en el sentido de que el gobierno federal otorgará concesiones a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para la prestación del servicio, en caso de que los concesionarios no quieran participar en este proyecto; Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que esto representa una amenaza que no abona al diálogo democrático.

“Como lo que es, como una amenaza, el hecho de que el presidente mande esos mensajes, de ninguna manera abonan a un diálogo democrático, un diálogo institucional; yo creo que no es lo mismo invitar a los empresarios, invitar a quienes tengan las concesiones a hablar y explicar la situación para pedir la colaboración a simplemente a decirles que o hacen lo que él quiere o simplemente se van atener a las consecuencias”.

En caso de no hacerlo, el gobierno federal podrá otorgar títulos de concesión a la Sedena y Marina o a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio.

Tras la renuncia del ministro Arturo Zaldívar; la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juagará un papel fundamental en la resolución de los amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se presenten en contra de dicho decreto.

Los abogados destacaron que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe mantener y consolidar su autonomía, debido a que una de sus funciones es controlar la legalidad en el ejercicio del poder.   

Rodrigo Soto Morales comentó que el primer mandatario estará en condiciones de revocar las concesiones otorgadas para el servicio de transporte ferroviario de carga, siempre y cuando cuente con ministros y ministras afines a la llamada cuarta transformación.

“Tiene toda la capacidad de demostrar la utilidad pública y revocar los títulos de concesión. Eso lo podrá hacer si logra colar mayoría de ministros afines a él en la Suprema Corte de Justicia y en ese momento podremos comprobar que habrá dejado de existir, materialmente, la división de poderes”.

De acuerdo con el decreto que se publicó este lunes 20 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los concesionarios de transporte ferroviario de carga tienen hasta el 15 de enero del 2024 para presentar sus proyectos.