En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se promueve una iniciativa de reforma en materia de protección civil, para que los gobiernos de los estados sean los responsables de la difusión de alertas tempranas respecto a desastres naturales y amenazas de origen natural, con el fin de salvaguardar la vida de las personas.
El proyecto es impulsado por distintos diputados morenistas, en el contexto de los señalamientos al Ejecutivo Federal, por no alertar debidamente y a tiempo a la población sobre el Huracán Otis, que la semana anterior devastó diversas zonas en el estado de Guerrero.
La reforma a distintos artículos de la Ley General de Protección Civil, dice que “la difusión de las alertas tempranas en las entidades federativas recaerá en la autoridad que determine la ley local, realizando una coordinación permanente con el Centro de Comunicación y Operación de Protección Civil”.
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Los gobernadores, presidentes municipales y alcaldes en la Ciudad de México tendrán como responsabilidad promover acciones coordinadas en materia de gestión integral de riesgo y protección civil.
Lo que implica que deberán hacerse cargo de la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil y gestión integral de riesgos.
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Deberán llevar a cabo proyectos, estudios e inversiones para ampliar y modernizar la cobertura de sistemas de medición de las distintas amenazas, para prevenir riesgos y salvar vidas ante sucesos que puedan dañar a la población.
Reformas sobre protección civil
La iniciativa de los diputados morenistas Azael Santiago Chepi, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Mónica Herrera Villavicencio y Rosangela Amairany Peña Escalante, incluye disposiciones para establecer la definición de amenazas por sucesos naturales o provocados por el hombre.
También por eventos, procesos o propiedades del espacio exterior, amenazas geológicas, amenazas hidrometeorológicas, química-tecnológicas, sanitaria-ecológicas e incluso “socio organizativas”, últimas que se generan por errores humanos o acciones premeditadas, en el marco de concentraciones de poblaciones como eventos masivos, culturales, deportivos, oficiales, religiosos, tradicionales, turísticos y de índoles similares.
Recalca que las autoridades deberán actuar en todo momento en coordinación, colaboración y concertación, para aplicar la ley y contribuir a la identificación de riesgos, tomar previsiones, emprender acciones de prevención y mitigación.
Así como de preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en casos de emergencia o desastre.
Precisa las atribuciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), entre otras, realizar investigaciones sobre peligros, riesgos y daños produciros por amenazas que puedan dar lugar a desastres; integrar el Atlas Nacional de Riesgos; evaluar el impacto socioeconómico de desastres; así como difundir los resultados de sus investigaciones y monitoreo, estudios y recopilación de información.