El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que los llamados servidores de la nación y otros servidores públicos dedicados a la promoción de programas sociales, intervengan en el proceso electoral.
Por mayoría de votos, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien argumentó que dichos lineamientos brindan certeza, además de que la autoridad electoral sí tiene competencia para emitirlos.
“Esta Sala Superior ya ha sostenido que la presencia en las casillas de autoridades de mando superior genera la presunción de presión sobre las y los electorales, pero esto no aplica solamente para autoridades de mando superior, porque la capacidad de inhibir o coaccionar la voluntad popular puede ser también consecuencia de la cercanía de las personas del servicio público con las y los electores”.
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En contra del proyecto votó el magistrado Felipe Fuentes Barrera, al señalar que los lineamientos son inconstitucionales e ilegales, pues trastocan derechos político-electorales.
“Extender la prohibición a las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, sin importar su nivel jerárquico, contraviene el principio de subordinación jerárquica en tanto que excede los límites que la ley de la materia impone. Considero que hay excesos en la materia que reglamentó el INE que, además de ser contrarios a nuestros criterios, desborda la competencia constitucional y legal que tiene la autoridad administrativa electoral”.
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Conforme a estos criterios, los cerca de 20 mil servidores públicos y servidores de la nación deberán conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político.
Tampoco deberá condicionar la entrega de los programas sociales, es decir, hacer creer que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
En la misma sesión, los magistrados también confirmaron el acuerdo del INE que establece que los partidos políticos contarán con un plazo de tres días, contado a partir de la conclusión de las precampañas, para entregar sus informes de gastos e ingresos.