Paulina Amozurrutia, Directora Nacional del Unión Mujer alertó que el promedio mensual de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es de 8.5, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 5.3 casos por mes.
Con motivo del Día Internacional de la Niña, hizo referencia a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que señalan que de enero de 2015 a abril de 2023 se han registrado 697 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México, de los cuales 98 fueron con arma de fuego y 107 con arma blanca.
De estos feminicidios contra niñas y mujeres adolescentes, 121 han tenido lugar en Estado de México, 60 en Veracruz y 52 en Jalisco; concentrándose en estas tres entidades. De estos asesinatos de mujeres de 0 a 17 años observados en el país, mil 210 han tenido lugar durante la presente administración federal de enero de 2019 a abril de 2023, correspondiendo 443 a feminicidios y 767 a homicidios dolosos.
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Agregó que actualmente, cada día son más niñas violentadas sexualmente en su entorno familiar. De acuerdo al más reciente reporte de Save the Children, dijo, el promedio de edad es de 11 años, 8 de cada 10 violentadores están en el seno familiar y 7 de cada 10 no tenían antecedentes penales. Agregó que México es el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y Tailandia. Además de ser el primer lugar en producción de pornografía infantil.
Las niñas tienen derecho a una vida segura, con educación y salud, no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben apoyo adecuado, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, sin pedir perdón ni permiso para ser mujeres trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas y así, transformar el mañana”, destacó Amozurrutia Navarro.
Unión Mujer hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas puntuales, a crear políticas públicas tangibles, programas educativos e instancias judiciales especializadas para parar la grave crisis que enfrenta la niñez, y que garanticen el respeto a los derechos básicos de las niñas en México.