La Comisión para el Acceso la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, ha iniciado con la operación forense y el proceso de recuperación de restos de víctimas de desaparición forzada a manos del estado más grande realizado en toda America Latina, al encontrar indicios en fosas comunes del Panteón de Dolores que supondría más de 100 mil ingresos.
Javier Yankelevich, director de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), explicó que cada vez existen más indicios que permiten determinar que muchas de las personas reportadas como detenidas-desaparecidas provenientes de diversos puntos del país, habrían sido inhumadas en fosas comunes que tienen décadas de uso en ese lugar, por lo que se ha procedido a revisar las bitácoras históricas del Semefo, las cuales en algunos casos reportan que cadáveres de personas no identificadas fueron entregados por instituciones de seguridad de diferentes niveles en ese periodo.
También se ha procedido a realizar cálculos sobre el trazo de los “Vuelos de la Muerte”, que llevarán a la búsqueda de restos de personas desaparecidas por la contrainsurgencia en algunas zonas de los mares de México.
Por su parte Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión, detalló que se han visitado 21 entidades, obtenido 831 testimoniales muchos de ellos de sobrevivientes, 100 entrevistas informales y realizados 126 viajes de trabajo de campo, también archivos que podrían contener información detallada sobre la operación de las fuerzas castrenses en materia de contrainsurgencia, se han revisado 87 acerbos y obtenido cuatro informes y reportes técnico de incidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.
Por su parte David Fernández Dávalos, entregó al presidente de la comisión Alejandro Encinas Rodríguez, un documento en el que sustentan los obstáculos impuestos por el personal militar tales como mutilación, destrucción de expedientes, falta de colaboración y transgresión de los acuerdos internacionales y leyes nacionales por parte del ejército, que contribuyen a perpetuar la impunidad en estos crímenes. En este sentido, Encinas Rodríguez se comprometió revisar este informe y en caso de ser procedente dijo, no descarta presentar denuncias por estos hechos.
Finalmente cabe señalar que Felix Santana secretario técnico de esta comisión detalló que se han realizado seis encuentros estatales, con la participación de más de 460 personas entre ellas víctimas directas e indirectas, se han visitado algunas zonas militares y en el caso de la 9ª zona militar en Sinaloa, se encontraron indicios de un centro clandestino de detención identificado por sobrevivientes, mientras que en el caso de la Campo Militar número 1 en la CDMX y la 27 zona militar en Acapulco, también se pudieron ubicar lugares donde habrían sido víctimas de tortura al menos 111 personas que participaron y presentaron su testimonio directo en estas visitas. En Guerrero se encontraron 7 personas en una fosa clandestina que habrían sido asesinados por militares y enterrados en un campo de cultivo, probablemente una familia completa.
La comisión tiene una vigencia fijada para que al final del actual sexenio puedan entregar resultados sobre estas investigaciones y judicializar procesos contra sobrevivientes, sin embargo el ejército se ha negado a que se llame a declarar a más de 300 militares en activo que habrían participado en estos hechos.