Asociaciones de jueces y magistrados federales externaron su rechazo a la iniciativa de reforma, mediante la cual se pretenden extinguir diversos fideicomisos que, en su mayoría, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la justicia federal, así como diversas prestaciones que reciben miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución.
Advirtieron que, de aprobarse, representaría un “grave ataque” a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía, pues el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado mexicano ante la comunidad internacional.
Agregaron que también se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo, máxime de quienes tienen prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos.
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Mencionaron que, si bien la estructura del Poder judicial de la Federación es perfectible, lo cierto es que la efectividad del sistema de justicia federal se legitima a través de las resoluciones que emiten los diversos órganos que lo integran, quienes garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las determinaciones arbitrarias del Estado; de ahí que resulta indispensable el respeto irrestricto a los recursos financieros que ya se encuentran asignados para el ejercicio de tan alta encomienda.
El documento fue firmado por la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la IAWJ; la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y por Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED).