JUSTICIA

Hazael Ruiz busca amparo contra pago de multa por caso Ovidio Guzmán

Antonio Hazael Ruiz Ortega es titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Antonio Hazael Ruiz Ortega
Antonio Hazael Ruiz OrtegaCréditos: Foto: Especial
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Antonio Hazael Ruiz Ortega, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), interpuso un juicio de amparo para no pagar la multa de 19 mil 244 pesos que le impuso un juez de control por el retraso para presentar a Ovidio Guzmán López, 'El Ratón', en la audiencia que se realizó el pasado 6 de enero de este año en la que se le notificó la existencia de la orden de detención con fines de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.

Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, le concedió al servidor público la suspensión provisional y le impuso el pago de una garantía de 19 mil 240 pesos para que la medida cautelar se mantenga vigente hasta el 7 de febrero, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva.

El pasado 6 de enero, Gregorio Salazar Hernández, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, además de notificarle la existencia de la orden de extradición, le impuso a Ovidio Guzmán la prisión preventiva.

La diligencia estaba agendada para las 11:00 horas; sin embargo, inició hasta las 14:30 horas. Por este motivo, Salazar Hernández ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de la directora del Altiplano y de Hazael Ruiz, por el retraso injustificado para presentar al hijo de Joaquín, El Chapo, Guzmán en la sala de audiencias.

Adicionalmente, les impuso a dichos funcionarios una multa de 19 mil 244 pesos por este acto de negligencia.

Fuentes federales señalaron que la dirección del centro penitenciario justificó el retraso al argumentar que por motivos de seguridad no era conveniente que Guzmán López compareciera en forma física y planteó que la mejor opción era la videoconferencia.

En respuesta, el juzgador apercibió con una orden de arresto administrativo a la directora y el comisionado, así como una multa y una denuncia ante la FGR por lo que calificó como una conducta contumaz y negligente.