Reinserta señaló que los casos de violencia infantil que se han visibilizado en las últimas semanas en el país, vuelven urgente la implementación de medidas de prevención del delito por parte de las autoridades gubernamentales, especialmente al considerar que el castigo resulta insuficiente para la construcción de un camino para la paz.
La organización recordó a través de un comunicado, dos de los casos más icónicos sobre la violencia infantil registrados en la última semana: el de un menor que en Veracruz mató de un disparo en la cabeza a un niño de 10 años por ganarle en las maquinitas, y el de un niño de 14 años que presuntamente abusó sexualmente de un menor en un salón de fiestas infantiles en Nuevo León, algo que muestra la normalización y replica de la violencia en las infancias mexicanas.
Apuntó que a través de sus acciones de reconstrucción del tejido social por medio del desarrollo de una cultura de paz, ha detectado tres acciones que propician su normalización en esta población: la presencia de violencia dentro de la familia, es decir, que los menores son sobrevivientes de algún tipo de abuso; formar parte de una familia criminógena donde observan y replican las conductas a temprana edad.
Además de la proliferación de la violencia a través de los diferentes grupos delictivos que están presentes en la sociedad. “La combinación de estos factores producen terreno fértil para que un niño, niña o adolescente pueda ejercer actos violentos hacia otras personas”.
Reinserta destacó que el año pasado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENPIVE) 2022, los mexicanos tuvieron un gasto anual estimado de 92.4 mil millones de pesos para protegerse ante el delito y la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 131 mil 179.58 mil millones de pesos para la seguridad pública; sin embargo es necesario que existan estrategias y políticas encaminadas a la prevención.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para incluir dentro de sus prepuestas de seguridad ciudadana la prevención primaria y secundaria del delito, para así reducir la cantidad de crímenes cometidos por menores de edad.