El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar una investigación sobre el acto realizado el pasado sábado 14 de enero en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde integrantes de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), instruyeron a gobernadores y gobernadoras adscritos a esa fuerza política, a promover la presencia de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido guinda, en sus respectivos estados.
La petición fue planteada por los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes advirtieron que los acuerdos establecidos en dicho encuentro privado, podrían ser violatorios de la norma electoral y también implicar el uso ilícito de recursos públicos.
Investigar instrucciones para organizar pasarelas a corcholatas
En un punto de acuerdo inscrito ante la Comisión permanente del Congreso, exhortaron al INE a investigar el acto llevado a cabo a puerta cerrada en instalaciones de Gobernación, en el que se pidió organizar “la pasarela “ de las corcholatas morenistas.
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Los senadores del tricolor señalaron que la reunión referida tiene distintos aspectos violatorios a la ley.
Recordaron que de acuerdo a información periodística el encuentro tuvo como fin pedir a los mandatarios estatales de Morena, garantizar “ piso parejo “ a los aspirantes presidenciales de ese mismo partido, como parte de la “ pasarela “ que se les instruyó a organizar.
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Lo anterior, para promover la imagen de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el propio titular de Gobernación y hasta el coordinador de Morena en el Senado.
Uso de recursos públicos en asuntos electorales
Los legisladores priístas recordaron que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución, los servidores públicos de la Federación, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligados a aplicar en todo momento, con imparcialidad, los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de las contiendas electorales.
“Es inconcebible que se viole la Constitución de una manera tan flagrante y, que desde la propia SEGOB, se desprecie el estado de derecho al que estamos llamados a hacer prevalecer”, anotaron.
Cónclave morenista
Subrayaron en las instalaciones de Gobernación, el sábado pasado estuvieron presentes los dirigentes del partido Morena, Mario Delgado y la Secretaría general y también senadora, Citlali Hernández.
Advirtieron que la presencia de dichos representantes partidistas, convirtió el encuentro en un acto de tipo político electoral.
Entre otros motivos, porque se usó el espacio de Gobernación para pedir a gobernadoras y gobernadores actuar como promotores de los aspirantes presidenciales morenistas, invitándolos a participar en actos públicos.
También, a contribuir en su promoción para que la ciudadanía los conozca y los tenga presentes con miras a la elección presidencial del 2024.
Señalaron que las instalaciones federales estuvieron Sheinbaum Pardo; la gobernadora de Campeche Layda Sansores; de Colima, Indira Vizcaíno; de Guerrero, Evelyn Salgado; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.
Acudieron los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Puebla, Sergio Salomón; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Merino; y de Veracruz, Cuitláhuac García.
Insistieron en que la Constitución subraya que los funcionarios públicos no deben involucrarse en los procesos electorales, tal y como la dirigencia morenista requirió a los gobernadores y gobernadoras
Investigación del INE
En consecuencia, los senadores del Revolucionario Institucional pidieron la intervención del Instituto Nacional Electoral, para determinar si hubo violaciones a la norma en cuestión y qué sanciones podrían aplicar.
Señalaron que es preocupante que en el arranque de los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, así como en la víspera del inicio del proceso electoral federal, el Ejecutivo intervenga a través de la Secretaría de Gobernación.
El partido Morena utiliza las instituciones del Estado, con el consentimiento del propio secretario López Hernández, para organizar y lanzar la promoción de sus aspirantes presidenciales