La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, por el plagio de su tesis de licenciatura, confirmado por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de esa misma casa de estudios.
El recurso presentado por el ciudadano Abraham Moisés Cano Díaz, fue presentado y ratificado ante la Secretaría General del recinto parlamentario. El propio promovente dio a conocer el hecho en su cuenta en Twitter, @Abrahamcd14.
Complementó su mensaje con dos capturas de pantalla del Acta de Ratificación de Juicio Político, levantada ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara.
Te podría interesar
El documento publicado indica que el recurso se ratificó este martes 17 de enero de 2023.
Agrega que el recurso será turnado a la Subcomisión de Examen Previo del recinto, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Te podría interesar
La demanda fue presentada por quien se identifica como abogado integrante de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares (FEDEP) y como miembro de “Promotores de Paz” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Razones para promover juicio político contra Yasmín Esquivel
En días anteriores, Cano Díaz anticipó, también en redes sociales, que alistaba la solicitud de juicio político contra la ministra Esquivel Mossa, “por la omisión de buena reputación y el ataque a las instituciones democráticas del país”.
En un hilo de mensajes publicados el pasado 12 de enero, enumeró una serie de argumentos para sustentar su denuncia.
Indicó que la ministra Esquivel Mossa estaba consciente del plagio en que incurrió y no informó al Poder Legislativo de manera previa a su ratificación en el cargo.
Ha mostrado falta de honradez al haber cometido la falta y negarla públicamente, lo que “configura un ataque a las instituciones democráticas pues debilita la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Consideró que esas conductas “son especialmente graves” al haber sido cometidas por una ministra del Alto Tribunal, que ha juzgado y estudiado la constitucionalidad de distintos actos de autoridad. Sus resoluciones ponen en peligro los derechos humanos de la colectividad, agregó el quejoso.