En el segundo día de discusión de la prisión preventiva oficiosa, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron en contra de la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para inaplicar el artículo 19 constitucional que contiene el catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar.
Será el próximo jueves 8 de septiembre cuando el pleno del Alto Tribunal vote la resolución, ello con el fin de dar oportunidad al ministro ponente de hacer un nuevo análisis y una reflexión.
Durante la sesión de este martes, la ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que la prisión oficiosa implica un doble discurso por parte del Estado mexicano, ya que por una parte suscribe tratados protectores de derechos humanos y por la otra mantiene, desde el 2008, una prisión automática.
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Sin embargo, dijo que se debe realizar una interpretación adecuada del pacto de armonía para no instaurar un gobierno de jueces.
“Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social, son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”.
En su oportunidad, el ministro Javier Laynez se pronunció en contra de inaplicar el artículo 19 constitucional; no obstante, manifestó que el legislador incurrió en un fraude a la Constitución al ampliar el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.
“No puede ampliarse la prisión preventiva oficiosa por vía legislativa y que aquí había un claro fraude a la Constitución en el momento en que el legislador bautiza una serie de tipos penales en materia fiscal poniendo un monto mayor de lo defraudado o de la defraudación fiscal, para considerarlo como de seguridad nacional”.
Por su parte, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, habló a favor del proyecto de Aguilar Morales, aunque refirió que no se trata de quitarle hojas a la Constitución o de inaplicar un artículo, sino de hacer una interpretación de la Carta Magna.
Al responder a las críticas contra el Poder Judicial, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó en claro que la SCJN no se está arrogando facultades.
“Ni nos estamos arrogando facultades que no tenemos, ni estamos siendo constituyentes, ni estamos alterando la división de poderes, ni necesitamos una vía específica. Es nuestra función constitucional, se tratara de un amparo, de una controversia, de una acción, ¿por qué?, porque en todo asunto, cuando hay una colisión o una antinomia entre preceptos constitucionales, hay que resolverlo de alguna manera, porque en este caso no son compatibles la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva con la prisión preventiva oficiosa”.
Zaldívar Lelo de Larrea aseveró que con la prisión oficiosa se condena a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas, además de que se le hace perder la esperanza.