La bancada del PRI en la Cámara de Diputados demandó que se lleve a cabo una “gran investigación“ con el fin de detectar el origen del ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como promover las acciones que sean necesarias contra los responsables de extraer información delicada para el Estado mexicano.
El coordinador Rubén Moreira y otros integrantes de la fracción, señalaron que ante los hechos, se debe impulsar en el Legislativo un debate abierto sobre la falta de normas adecuadas en materia de ciberseguridad, con el fin de impulsarlas.
Gobierno minimiza hackeo
Los legisladores del tricolor lamentaron que el Gobierno Federal no esté dando la importancia necesaria a los sucesos registrados y reportados por la prensa a nivel nacional.
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La seguridad nacional necesita ser resguardada a través de un marco jurídico actualizado y un presupuesto suficiente, cosa que no sucede en el país, remarcaron.
Advirtieron que la información a la cual tuvieron acceso los integrantes del grupo de “hacktivistas” llamado “Guacamayas”, es delicada y corre el riesgo de caer en manos de grupos delincuenciales e incluso de “enemigos del Estado, lo que supone un gran riesgo para la estabilidad y la seguridad de la nación.
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Recalcaron que los cuestionamientos por el hackeo, no deben dirigirse hacia los periodistas que dieron a conocer la situación, sino a los responsables de romper los sistemas de ciberseguridad de la institución castrense.
Garantizar ciberseguridad
Insistieron en que el Estado mexicano tiene recursos humanos y financieros suficientes para garantizar la seguridad de sus instituciones, sin embargo, las medidas de austeridad mal implementadas, pueden obstaculizar esas tareas.
Lamentaron que para el Ejecutivo Federal el desarrollo científico y tecnológico, así como la innovación y la inversión en sistemas de seguridad cibernéticos, no sean prioridad.
Señalaron que ese tema no forma parte de la agenda de la mayoría en el Congreso de la Unión, a pesar de las necesidades en la materia y los vacíos legales existentes.
También criticaron que hasta el momento a la administración pública federal no le interese destinar al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia y tecnología, hecho que reconocieron, también es una omisión a nivel legislativo.
“Somos conscientes de que sin una adecuada distribución del gasto público que priorice los intereses de la nación en vez de los megaproyectos que además de resultar más costosos de lo que originalmente se presupuestaron, sólo favorecen a unos cuantos, el desarrollo tecnológico de México será más lento y tardaremos en garantizar un estado de salvaguardar a nuestros derechos y nuestra seguridad “, alertaron.