El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa acusó al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero de obstaculizar investigaciones.
Asimismo, de romper acuerdos, evitar órdenes de aprehensión y otras irregularidades que llevaron a la renuncia del Fiscal Especial, Omar García Trejo, lo que implicaría un retroceso de entre tres y 5 años en las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes.
De acuerdo con Francisco Cox, los acuerdos signados entre el Estado Mexicano y el GIEI, fueron rotos por Gertz, y Ángela Buitrago agregó que incluso se permitió a personal de la desaparecida SEIDO, que despojara de las carpetas de investigación al Fiscal Especial.
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Ello, un día después de que se declarara como Crimen de Estado la desaparición y se señalara a militares y funcionarios bajo más de 80 órdenes de aprehensión.
El grupo de especialistas durante la presentación de este nuevo informe, puso en evidencia que existe ya un análisis de la interceptación de mensajes que realizó el ejército desde tiempo antes a personajes de interés incluidos miembros de Guerreros Unidos, otros militares, elementos de la Marina, policías y funcionarios diversos y a los normalistas, y para ello se utilizó el espionaje a través de Pegasus.
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Dentro de las órdenes de aprehensión que fueron suspendidas se encuentran informantes, trabajadores del C4 que tuvieron información, previo, durante y posterior a los hechos de Iguala, militares y otros funcionarios, estas irregularidades han sido comentadas por el GIEI a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los datos otorgados por este grupo, destaca una línea de tiempo verificada con más de 70 mil documentos del ejército que fueron entregados por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que entre otras cosas se demuestra que al menos dos elementos del ejército fueron sujetos a procesos disciplinarios por su actuación en la noche de Iguala.
El 4 de octubre se muestran pruebas de que se discutía qué hacer con los jóvenes.
El 5 de octubre se montó un cuarto de guerra que llevó a cabo acciones que hasta el momento se desconocen y el coordinador de esto fue Tomás Cerón; esta información no fue entregada a la PGR para su investigación.
El 12 de octubre revelan estos mismos documentos, una patrulla de la policía estatal verificó e informó que no había indicios de los normalistas en el basurero de Cocula.
Se verificó que la llamada anónima para evidenciar el paradero de los jóvenes no existió, pero sí hay evidencia de qué los normalistas habrían sido separados en tres grupos, uno custodiado por elementos del ejército, otros por la policía estatal y otros más por el crimen organizado, esto revelado también por un testigo que decidió romper el pacto de silencio.
Más de 11 estudiantes habrían sobrevivido esa noche a una persecución de Guerreros Unidos y del Ejército y fueron quienes habrían tomado el autobús número cinco que se presume transportaba cocaína y heroína o posiblemente dinero del narcotráfico, según conteo Ángela Buitrago.
Finalmente el GIEI, quien concluye su mandato este viernes, anunció que podría extenderlo hasta el 2024 a petición del Presidente de la República e hizo un llamado para que las investigaciones por acción u omisión se extiendan hasta la Marina y descartaron que en este momento se pueda dar las actas de defunción de los estudiantes a sus familias porque siguen en calidad de desaparecidos.