De 2017 a la fecha, por lo menos 64 millones de pesos han sido sobreejercidos por las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), reveló informe "El negocio de la militarización en México”, presentado por la organización México Unido Contra la Delincuencia.
Como parte de los hallazgos, se advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares toda vez que cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles.
El informe destaca que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las Fuerzas Armadas en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.
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Señala el documento que en los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas, lo que equivale a aproximadamente 74 mil millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena en 163 por ciento, y de Semar en 119 por ciento.
Lo anterior, en detrimento de las instancias de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Señala que después de la Reforma para trasladar a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, ésta podría tener un presupuesto de hasta 151 mil millones de pesos aprobados.
Lisa Sánchez, directora de MUCD afirmó que ese crecimiento de presupuestos no es equiparable con los crecimientos de los recursos de las instituciones civiles, de seguridad y de justicia, “les hemos incrementado exponencialmente los recursos mientras que a las fiscalías y a las policías les hemos escatimado y los hemos desaparecido”.
Señaló que el ejército ya no está solo contenido en la seguridad, sino en temas de administración pública federal que tiene que ver con actividades económicas, comunicaciones, y control migratorio, entre otros. “Es momento de saber si hay punto de retorno, si la sociedad no se va a la preocupar por lo que está sucediendo y saber qué tipo de exigencia y ruta se va a emprender para la desmilitarización de este país”.
Los expertos advirtieron sobre el riesgo que va más allá del uso y beneficio de recursos públicos, y es incrementar el poder económico de las Fuerzas Armadas para “empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país”.