La renuncia de Omar Gómez Trejo a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), pone en evidencia la injerencia “indebida” de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República, “incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión. Una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La organización acompañante en la lucha por la justicia y la localización de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, señaló que la información revelada a través de un medio nacional, sobre la colusión entre actores en narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, confirma la necesidad de qué integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas, sumándose a otros señalamientos que ya existían en ese sentido.
También dijo el Centro Pro, muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres de los normalistas desaparecidos tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército.
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Gómez Trejo realizó un trabajo comprometido junto con su equipo de trabajo, con el esencial apoyo del presidente de la copa de cuya labor también dieron testimonio y por ello la organización llamado a que no se adopten represalias en contra de estos funcionarios.
Ante la abundancia de información y la posibilidad de qué exista confusión, el Centro Pro recalcó la relevancia del balance que efectuará el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) próximamente, “que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza ante todos estos hechos” que incluyen filtraciones, liberaciones, acusaciones y otros temas que no resultan tan claros para los padres y madres de los desaparecidos que buscan justicia.