Con el objetivo de evitar el cobro excesivo por servicios de tratamiento y atención médica, el diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) presentó una iniciativa para adicionar tres párrafos al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, para establecer como derecho del usuario tener acceso a la información y costo en esta materia.
Esta reforma contempla que los prestadores de servicios de salud están obligados a entregar información y orientación al paciente y al familiar que lo acompañe o su representante legal.
La iniciativa señala que en el caso de que exista pago por prestación de servicios de salud, estos deberán ser especificados en la información que se entregue y de ninguna forma podrá ser modificados después de enterarse al usuario, familiar o representante legal.
Además, indica que los costos de servicios prestados, así como de materiales y medicamentos, deberán estar expuestos al usuario y coincidir con la información que le fue entregada de manera personal; cualquier discrepancia en costos deberá ser ajustada a favor del usuario con el costo menor dado a conocer.
De igual forma, antes de iniciar la prestación de servicios de salud, tratamiento o intervención quirúrgica, deberá estar autorizado el tratamiento por el paciente, familiar o representante legal, incluidos los costos posibles, el protocolo completo de atención, los precios y las tarifas adicionales e impuestos.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Salud, se señala que recientemente, a causa de la crisis de salud desatada por la pandemia de Covid-19, se han dado diversas quejas de usuarios de servicios médicos privados que son del ámbito comercial.
El documento refiere que de acuerdo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) las quejas se dividen de la siguiente manera: 32.1 por ciento por tratamiento médico, 23.9 por ciento por diagnósticos arrojados, 20.4 por ciento por tratamientos quirúrgicos, 11.3 por ciento por la relación médico/paciente, y 12.3 por ciento por otras razones.