El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), lanzó un llamado al gobierno de Estados Unidos a facilitar el ingreso a los más de 5 mil solicitantes de asilo que fueron devueltos a México a esperar su proceso, ello ante el fin del Protocolo “Quédate en México”.
Después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciara el fin del Migrant Protection Protocols (MPP), después de 8 meses de haberse restablecido, convocó también al gobierno de México a dejar de colaborar en políticas migratorias contrarias a la Constitución que ponen en peligro la vida y la salud emocional de las personas con necesidad de protección internacional.
MPP fue un protocolo establecido el 20 de diciembre de 2018 por la administración de Donald Trump y avalado por el gobierno de López Obrador. Durante los dos primeros años que “Quédate en México” estuvo activo, 95% de las más de 72 mil personas puesta en ese protocolo no pudieron acceder a una abogada o abogado, lo que significó que solo el 1% pudieran ganar sus casos, mientras que a partir de su reinstalación solo el 0.53% de todos los casos abiertos han podido acceder al asilo en Estados Unidos, explicó el Instituto.
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Las organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos documentaron que “Quédate en México” no solo va en contra de las legislaciones nacionales e internacionales sino que permitió que esa población fuera objeto de violaciones, secuestros, extorsiones y diversos actos violentos -incluso la muerte-, a manos del crimen organizado, autoridades migratorias mexicanas y policías de diferentes niveles de México.
En México, la administración de López Obrador tuvo la oportunidad de negarse a seguir colaborando en esa política por ser contraria a la Constitución, no obstante, la complicidad continuó, dijo. Incluso, en agosto de 2021 durante el fallo de la Corte estadounidense esta señaló que si México no participaba en la reinstalación de MPP, este no podría llevarse a cabo pues la colaboración del gobierno mexicano era fundamental. La Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó participar aún con evidencia de la violencia que eso significaba para la población con necesidades de protección internacional, concluyó el IMUMI.