El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso dos recursos de reclamación para impugnar las resoluciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien el 4 de julio admitió a trámite la controversia constitucional y le concedió la suspensión a la Fiscalía General de la República (FGR) para frenar la entrega de la carpeta de investigación por el caso Odebrecht.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, admitió a trámite ambos recursos y ordenó turnar a los ministros instructores para elaborar los proyectos de resolución.
El recurso para impugnar la suspensión fue turnado al ministro Luis María Aguilar, quien también tuvo a su cargo el proyecto contra la medida cautelar que le otorgó Esquivel Mossa a la FGR para evitar la entrega de la carpeta de investigación por el caso de Pío López Obrador, este proyecto iba a ser discutido por la Segunda Sala el pasado 3 de agosto; sin embargo, fue retirado de la lista.
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A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán deberá elaborar el proyecto respecto a la impugnación del INE contra la admisión de las controversias con las que la fiscalía busca revertir las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de las cuales le ordenó entregar al INE dichas carpetas.
Al respecto, Yasmín Esquivel determinó que ni el INE ni el TEPJF tienen “atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, de acuerdo con el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución federal, que establece que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público”.
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Agregó que la FGR cuenta con la facultad de reservar información que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento o las investigaciones del Ministerio Público de la Federación, así como la secrecía de la investigación.
Mencionó que los registros de la investigación (documentos, estados de cuenta, objetos, entre otros), son estrictamente reservados, por lo que sólo pueden acceder a ellos la víctima u ofendido, su asesor jurídico, así como la persona imputada y su defensa.
En este caso, añadió, el INE no tiene alguna de las calidades anteriores, por lo que se encuentra impedida para acceder a dichos registros.
Considerar lo contrario, concluyó, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones, vulnerar derechos humanos, así como entorpecer y afectar gravemente las indagatorias que realiza la autoridad encargada de perseguir e investigar los delitos.