La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) determinó que las publicaciones en redes sociales y colocación de carteles en casas de atención ciudadana de diputadas federales del Partido Acción Nacional (PAN), con acusaciones de traición a la patria por su voto contra la reforma eléctrica, no constituyeron violencia política de género.
Lo anterior, al dar marcha atrás a la resolución previa de la Sala Regional Especializada que consideró existieron expresiones calumniosas, emitidas por la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Antares Vázquez, quien fue sujeta a procedimiento especial sancionador.
Insultos por traición a la patria, no fueron violencia política de género
La instancia regional reconoció que si bien las expresiones y acusaciones por el delito de traición a la patria por el voto en el ámbito legislativo, se emitieron fuera del recinto senatorial al cual pertenece la senadora Vázquez Alatorre, fueron retomadas en redes sociales y por lo tanto, configuraron violencia política de género.
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En sesión pública virtual, los cinco magistrados presentes indicaron que esa determinación fue inadecuada, por lo que no configuró calumnia ni violencia política en razón de género.
Añadieron que, si bien las legisladoras federales señaladas pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN), ese ente político no tenía legitimación para iniciar proceso especial sancionador, porque no fue directamente afectado.
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Estudio indebido
La Sala Regional hizo un estudio indebido del caso, ya que no consideró el contenido íntegro de las expresiones de la senadora Antares, el contexto en el que se plantearon y su intención fue la de discriminarla.
La congresista de Morena las llamó “muñecas de sololoy” y les dijo que les duele “las llamen traidoras a la patria”.
La Sala Superior consideró que esos insultos no tenían la intención de “lesionar” a las congresistas por ser mujeres ni discriminarlas, sino que fueron críticas “severas” pero genéricas, por su actuar como legisladoras.
Aunado a la revocación del resolutivo, como medida de reparación a favor de la legisladora morenista denunciada, se estableció que la Sala Regional Especializada debe publicar en su cuenta en la red social Twitter, un extracto de la sentencia de la Sala Superior.
La magistrada Mónica Soto se apartó de esa consideración, al manifestar que podría vulnerar la independencia del organismo jurisdiccional regional.