La Secretaría de la Función Pública (SFP), presenta ante la FGR 38 denuncias por la posible comisión de delitos que podrían haber generado un daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa por 9 mil 500 millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República, indicó en Palacio Nacional, Roberto Salcedo Aquino, titular de la SFP.
“Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización, principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, señaló Salcedo.
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El funcionario dijo que la secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones, con montos observados por 6 mil millones de pesos.
Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios, detalló el funcionario federal, dijo Salcedo Aquino.
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Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465 millones de pesos.
“Los montos observados por ambas instituciones (SFP y ASF) ascienden a 9 mil 500 millones; es importante aclarar que cuándo se habla en fiscalización de ‘montos observados’, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo, no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones y por eso, se encuentran todos estos montos en proceso de aclaración, de documentación y en su caso, de recuperación”, subrayó el titular de la SFP.
Salcedo indicó que “un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros e instrumentos de alto riesgo, 950 millones de pesos, esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”.
“Con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra, se ha renovado toda la estructura de mando y los cambios de mando directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos la operación y la rendición de cuentas así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos. institucionales”, remarcó Salcedo.
Indicó que con el propósito de combatir la impunidad se recabarán evidencias que permitan integrar debidamente las investigaciones en curso, para en su caso ponerlos a disposición del poder judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la secretaría de la Función Pública acompaña en coordinación con la Secretaría de Hacienda a las nuevas autoridades administrativas, para evitar irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases y una gestión eficaz y honesta, afirmó Salcedo.