Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó una denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de Juan Ramos López, Fiscal Especializado en Control Competencial, por posibles actos de tortura relacionados con los procesos penales que se sigue en contra de Emilio Lozoya.
En la denuncia, la cual fue presentada el pasado viernes 29 de julio ante la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, afirmaron que la información proporcionada por Lozoya Austin no fue veraz, ni útil para investigar delitos de mayor envergadura, ya que sólo fue útil para ser explotada mediáticamente y engañar al país, pues lo importante era poder utilizar información en contra de diversas personas pretendiendo dotarla de validez al afirmar que se daba dentro del marco de un criterio de oportunidad.
En el escrito, los abogados de Treviño Medina señalaron que su cliente tiene el carácter de ofendido por haber sido objeto de señalamientos falsos como consecuencia de los actos de tortura perpetrados directamente contra Lozoya Austin y sus familiares, quienes fueron presionados, a través de amenazas y acusaciones, para lograr que firmara una denuncia de hechos falsos de manera “voluntaria”, además de que se les obligó a revocar y cambiar al defensor de su confianza y a desistirse de demandas de amparo, lo que constituyen violaciones graves a los derechos de Emilio Lozoya, lo que ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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A decir de los abogados de Carlos Treviño, “no hubo negociación; hubo tortura, cuyo resultado ha generado en su cliente un daño grave, personal y directo", por lo que adelantaron que llevarán esta denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ambas instancias realicen las indagatorias correspondientes.
Indicaron que a este asunto se suman otros como el de Alejandra Cuevas, Infonavit y el de la Universidad de las Américas Puebla, los cuales reflejan una “tortura institucionalizada que actualmente se implementa de manera sistemática” desde la FGR.