En el combate al lucrativo delito de la trata de personas, cuyas víctimas son en 65 por ciento mujeres y niñas, es necesario que las autoridades de todo orden, los sistemas de justicia, empresas tecnológicas, expertos y sociedad civil se unan para hacer frente a la problemática, convocó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Lo anterior, al lanzar en compañía de funcionarios mexicanos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (SEGOB), el Gobierno de la Ciudad de México y representantes de una aerolínea, la campaña Corazón Azul México 2022, cuyo tema es el uso de las tecnologías de la información.
Tecnologías contra la trata de personas
Al participar en el acto de lanzamiento de la campaña, Stacy de la Torre, titular del área de Programas de UNODC, alertó que el delito de trata de personas se ha triplicado en los últimos 15 años.
Refirió que a nivel mundial, uno de cada tres víctimas son menores de edad, aunado a que el 50 por ciento de las víctimas de trata fue explotado sexualmente, y el 38 por ciento, con fines de trabajo forzado.
Ante el incremento de esa actividad delictiva y el uso de tecnologías cada vez más frecuente para identificar y enganchar víctimas, es necesario que la autoridad y la sociedad en su conjunto también utilicen los medios tecnológicos para actuar contra las redes delictivas.
Hizo un exhorto a emplear los mismos medios que los tratantes aprovecha, para difundir información preventiva, alertar a la población, así como respaldar las investigaciones al respecto y los juicios contra los responsables.
Las alianzas público-privadas, enfatizó, son adecuadas para identificar y frenar la digitalización de las bandas delictivas.
Trata en México
Recordó que en México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo de 2022 se tenían registradas 397 víctimas; en 2020, 677 víctimas y en 2021, 744 víctimas.
Indicó que entre enero y mayo de 2020 a 2021, el delito aumentó 46 por ciento; mientas que en el mismo periodo de 2021 a 2022, hubo otro incremento de 14 por ciento.
Lo anterior muestra que la pandemia por COVID-19 detonó esa actividad criminal que ha hecho de internet, su principal fuente de reclutamiento de víctimas.
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), añadió, indican que en 2020 se registraron formalmente más de mil víctimas del delito, la cifra más alta desde que existen mediciones al respecto.
Programas contra la trata
Expresó que UNODC ha impulsado dos programas en México, para combatir la trata, con la apertura de 27 refugios para víctimas en 12 entidades del país.
También, con proyectos de detección y prevención en comunidades indígenas en zonas de Veracruz, Puebla y otro estado donde, como sucede en Guerrero, se siguen practicando los matrimonios forzados.
Fallas en el combate a la trata
En su intervención, el secretario técnico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Félix Santana, reconoció la serie de fallas en la atención al ilícito.
Habló de la complejidad para identificar las 11 modalidades de trata previstas en la ley, cuando esa conducta debería ser englobada en un solo concepto claro y preciso.
La atención a las víctimas es deficiente, al igual que los procesos de investigación que en pocas ocasiones, terminan en sentencias condenatorias a los responsables.
Indicó que de acuerdo a la propia Comisión Intersecretarial, se identificó a un total de mil 859 víctimas potenciales.
Al atender esos casos, se abrieron mil 720 carpetas de investigación de las cuáles solo se emitieron 308 sentencias, de las cuáles apenas 225 fueron condenatorias. Los esfuerzos institucionales son árduos, pero en el “mar” del delito de trata, son pocos, reconoció.
Acciones pendientes
El servidor público se pronunció a favor de mejorar el intercambio de información entre todas las instancias que combaten ese delito, evitar que los refugios para víctimas se conviertan en sedes de mayores violaciones a derechos humanos, mejorar la coordinación entre autoridades de los tres órdenes la sociedad civil y la iniciativa privada.
También admitió que los servidores públicos no cuentan con capacitación ni con la sensibilidad necesaria para atender adecuadamente a las víctimas.
Hace falta, dijo, una gran campaña de concientización, acompañada por la judicialización de los casos denunciados, ya que los resultados arrojados hasta el momento, son limitados para enfrentar una problemática tan compleja.