En la Cámara de Diputados la propuesta del presidente de la República en materia electoral, que busca reducir el número de regidores y síndicos adscritos a las presidencias municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, dividió opiniones.
La consejera del Instituto Electoral capitalino, Carolina del Ángel, advirtió que el planteamiento va contra el federalismo, invade funciones de los congresos locales y da marcha atrás a avances en materia democrática y de control gubernamental en las entidades.
“Considero que la propuesta de reforma que se analiza en este foro, sí lastima un poco el tema del federalismo, y tal vez con buenas intenciones, se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país, misma construcción que se ha dado con sangre y con diversos movimientos sociales”, apuntó.
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Recalcó que la integración de los órganos de gobierno y de control del mismo a nivel local, es un derecho constitucional que tiene el municipio, como parte del arreglo federalista que priva en el país.
Manifestó que tomar decisiones tan relevantes desde el Gobierno Federal, donde no se tiene el pulso exacto de las necesidades y condiciones de cada municipio en las distintas regiones del país, es un ejercicio centralista que puede afectar el federalismo.
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Una reforma que altere la estructura de las presidencias municipales y su organización, apuntó, no puede centrarse sólo en términos numéricos ni de pesos y centavos, es decir, del número de personas que integran los órganos de gobierno y los sueldos que éstos cobran.
Síndicos y regidores, “le ponen el pie” a los alcaldes
Por el contrario, la presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, Carmen Medel, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo apoyar la iniciativa del Primer Mandatario, porque los regidores y síndicos sirven solo para “ponerles el pie" a los alcaldes.
En el primer foro del parlamento abierto en la materia, referente a la integración de ayuntamientos municipales y alcaldías de la Ciudad de México, la exdiputada federal de Morena lanzó fuertes señalamientos hacia las labores y el desempeño que, al menos en su municipio, han mostrado los servidores públicos señalados.
Afirmó que los síndicos y regidores son electos junto con los presidentes municipales, pero no son personas conocidas, no siempre representan a la población, sino a sus partidos políticos.
Incluso, consideró que son figuras “poco útiles”, no tiene compromiso con la gente, debilitan la capacidad de decisión de los alcaldes, se ocupan de responder a intereses privados y de partidos, no promueven la rendición de cuentas en el municipio y tienen salarios altos que se rehúsan a disminuir.
“Tienen un salario bruto de 109 mil pesos mensuales, con descuento y todo, netos, de 80 y tantos mil pesos mensuales, ganan más que un legislador. Incluso solo tienen tareas de observadores, o sea es corta la acción que tiene un regidor”, expresó.
La funcionaria añadió que es necesario reducir la “obesidad” del aparato administrativo municipal, como propone el Primer Mandatario y descartó que se vaya a generar una crisis política ni social si el número de funcionarios se reduce, con el fin de dar otro uso a los recursos públicos.
Recordó que el 70 por ciento del presupuesto de los municipios, se va en el pago de salarios de la planta laboral.
“Para mí para lo único que sirven los regidores es para ponernos el pie, porque se sienten diputaditos ¿no?, o sea, que son ellos son los que aprueban y dicen sí o no”, se quejó.
La reforma no afecta a los municipios
En tanto, Jaime Miquel Castañeda, asesor de la representación del Morena en el Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que las propuestas del Ejecutivo Federal para reducir el gasto en los órganos de gobierno municipales, “resuelve bien” las probables afectaciones que podrían tener adelgazar esas instancias de decisión.
El invitado al parlamento fue enfático en el tema de los salarios que se pagan a los funcionarios municipales, los cuáles consideró altos y cuya definición, no depende de las reglas federales en materia de remuneraciones, sino a acuerdos en el propio ayuntamiento.
Aunque el tema era el municipio, el invitado se centró en el gasto en el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual dijo, tiene muchas áreas en las que se pueden generar ahorros y en suma hacer menos costosos los comicios.
Se pronunció a favor de la reducción de los salarios de los consejeros, en contrataciones, en capacitación electoral. Indicó que esas medidas no avanzan, porque hay “falta de voluntad”.
Al terminar el foro, en declaraciones públicas, agregó que el INE tiene 400 funcionarios con sueldos superiores al del Presidente de la República.
Reducción de funcionarios para ajustar el gasto
En su oportunidad, Juan Carlos Silva Adaya, profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció por discutir a fondo las implicaciones de reducir el número de síndicos y regidores, así como el de los legisladores locales y federales, con fines administrativos.
Las reformas electorales a nivel local, abundó, requieren de consensos y del voto de dos terceras partes de los congresistas, por lo que su aprobación necesita de acuerdos entre las fuerzas políticas, y de estudiar adecuadamente el impacto que tendrán.