El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro le otorgó al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, el cual tiene efectos generales y que ordena al Gobierno federal aplicar la norma que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021.
El impartidor de justicia argumentó que el decreto reclamado es contrario al derecho a un medio ambiente sano, ya que restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicha transición.
Agregó que la ley incorpora diversos criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado eléctrico mayorista que restringen la participación de las centrales eléctricas de particulares, en beneficio de las operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que no solo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano.
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Al respecto, Gómez Fierro puntualizó que de acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), un escenario en el que se dé prioridad en el despacho de energía y acceso a redes a la energía de la CFE, tendría un aumento significativo de emisiones contaminantes de entre 28 y 153 por ciento, además de los costos de generación de energía.
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Indicó que una de las principales consecuencias de las disposiciones reclamadas, es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa.
Ello necesariamente tendrá como efecto que se limite el despacho de esas centrales impidiéndoles ofrecer su energía, sin importar que sea generada a partir de fuentes renovables.
De modo que ello colocaría en una posición privilegiada al suministro de energía eléctrica a partir de centrales eléctricas convencionales que, además de resultar más costosas, operan en su mayor parte utilizando combustibles fósiles que generan el tipo de emisiones que México se comprometió a reducir mediante los compromisos internacionales.
Así,el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro le otorgó al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica.