El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) se pronunció a favor de una reforma constitucional para garantizar justicia laboral a trabajadores al servicio del estado y de gobiernos locales, sin que los juicios individuales en esa materia comprometan las finanzas gubernamentales hasta llevarlas al riesgo de quiebra, como actualmente sucede en muchos gobiernos municipales.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, el presidente del organismo jurisdiccional, Plácido Morales, propuso a los congresistas actualizar las leyes en la materia.
Es necesario evitar que la “bola de nieve” del pasivo laboral gubernamental siga creciendo, planteó el funcionario.
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Habló con los legisladores sobre la necesidad de reformar el apartado B y el artículo 115 constitucional, con el fin de adecuar las reglas en materia de juicios laborales e individuales.
“Que los juicios laborales individuales entre el gobierno no sean tan tortuosos, pero no sean tampoco tan onerosos para el estado, es decir, hay municipios del país que están quebrados totalmente, por el pasivo laboral”, dijo.
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“Hay entidades federativas que deben un porcentaje de su presupuesto anual en pasivo laboral y esto no debe seguir creciendo, esta bola de nieve ya no debe seguir, pero tampoco debe ser motivo de injusticia, ni de injusticia ni de lucro contra el gobierno”, apuntó.
Freno a cobro de salarios caídos
Morales Vázquez indicó que es indispensable hacer más expeditos los procedimientos para resolver controversias laborales entre empleados y empleadores del sector público, es decir de la administración pública federal, estatal y municipal.
Las medidas de conciliación deberían ser el principal cauce para atender las querellas en la materia y también, se requiere que el cobro de salarios caídos en juicios laborales “no se vaya hasta el infinito”.
Señaló que la resolución de ese tipo de casos en México es “tortuosa”, porque las leyes no están actualizadas, los procedimientos respectivos son “anacrónicos” y hay una diversidad de disposiciones a nivel federal, estatal y municipal que requerirían ser homologadas.
“Se acumulan los salarios caídos, hasta el infinito y eso es una carga muy pesada para el patrón gobierno; la otra, es que hay diversidad, un orden legal para los municipios y entidades federativas; y otra, para los trabajadores al servicio del Estado mexicano, es decir cualquiera de los poderes u órganos centralizados o descentralizados”, abundó.