En la Cámara de Diputados integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en calificar como una “argucia” legal del Gobierno Federal, declarar las obras del Tren Maya como asunto de seguridad nacional.
Los perredistas en San Lázaro adelantaron que solicitarán la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y su homóloga de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, para que expliquen la decisión.
Lo anterior, luego de que el Presidente de la República justificara dichas acciones, al afirmar en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, que el reinicio de las obras no viola los amparos promovidos por organizaciones no gubernamentales y activistas, y la declaratoria de seguridad nacional tampoco interferirá con el desahogo de esas impugnaciones legales.
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A través de un punto de acuerdo, solicitarán a los servidores públicos dar información sobre el impacto ambiental de las obras del Tramo 5 del Tren, qué acciones están emprendiendo para proteger los ecosistemas, biodiversidad y acuíferos que se encuentran en la zona.
Lamentaron que el Ejecutivo Federal pretenda ignorar los recursos legales promovidos por activistas y ciudadanos que han denunciado constantes violaciones a la ley con la megaobra señalada, así como normas nacionales e internacionales, al reanudar las obras suspendidas por órdenes de jueces.
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Otra anomalía, agregaron los diputados federales perredistas, es entregar la responsabilidad de la construcción del Tren del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, a las secretarías de Gobernación y Seguridad, sin que se haya llevado a cabo un proceso formal ni jurídico.
Recordaron que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentaron recursos contra el decreto general emitido en noviembre del año pasado, en el cual se declaran las obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional.
Agregaron que el área donde el Gobierno Federal está construyendo el Tren, en particular el Tramo 5, es una zona de selva, clasificada como zona de conservación que obliga a la autoridad a preservarla; ello, sin contar las afectaciones a las comunidades y pueblos que habitan la región.
Ocultar irregularidades y sobrecosto
En tanto, el diputado federal del albiazul, Saúl Téllez, advirtió que la determinación del Ejecutivo Federal busca burlar las decisiones del Poder Judicial sobre el Tramo 5 del Tren Maya y ocultar tanto los sobrecostos de la obra, como el resto de las irregularidades que la rodean.
“La falta de planeación y el derroche de reclusos en el Tren Maya es verdaderamente insultante. Ahora se nos anuncia que habrá un sobrecosto de más del 90 por ciento en esta obra, y es real (…) este capricho presidencial sale muy caro”, advirtió.
Refirió que de inicio, se dijo que la construcción implicaría una inversión de 120 mil millones, y las proyecciones actuales marcan que el costo superará los 200 mil millones de pesos.
Insistió en que la “argucia” legal de catalogar como tema de seguridad nacional una obra de infraestructura de carácter civil y con fines turísticos y de carga, es una “trampa” para incumplir con la ley en materia de transparencia, reservar información, violar procedimientos de contratación, evadir el cumplimiento de órdenes judiciales y violentar normas en materia de protección al ambiente.
Al advertir que los diputados federales de oposición no van a permitir esa anomalía, indicó que se exigirá a las autoridades responsables de la decisión, rendir cuentas y dejar en claro bajo qué criterios están promoviendo violaciones a la ley, aunado a que tendrán que asumir consecuencias legales.
El diputado secretario de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro advirtió que el gasto en el Tren Maya, desde el inicio de la construcción no solo ha sido desordenado, sino irregular y carente de planeación.
Recordó que este 2022, en el presupuesto de Egresos se asignaron 63 mil millones de pesos a la obra, y en el transcurso de los primeros meses del año, la Secretaría de Hacienda (SHCP) autorizó una modificación, para incrementar en poco más de 10 mil millones el gasto que hasta el momento, van en 73.3 mil millones de pesos.
Lo anterior, argumentó el congresista, es injustificado porque las obras tienen un avance de apenas el 28 por ciento y están en litigio por llevarse a cabo de manera irregular, violentando toda norma ambiental.
“¿Cómo explicará el Gobierno Federal que el tramo 5 del Tren Maya costará 92% más, que pagará 5 MMDP en indemnizaciones y que ignorará los amparos? Respuesta: no lo harán, mejor declararán la obra como “asunto de seguridad nacional” y así esconden toda su corrupción”, agregó el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, en su cuenta en Twitter, @JorgeRoHe.
En el mismo sentido se pronunciaron los también diputados federales panistas Mariana Gómez del Campo y Gabriel Quadri
Resoluciones Suprema Corte
A su vez, el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana, advirtió que en términos legales, el decreto de declaratoria de seguridad nacional avalado por funcionarios federales para el Tren Maya, podría ser revertido en la Suprema Corte.
Quienes tomaron la decisión, advirtió el legislador, podrían enfrentar consecuencias serias legales, como le sucedió al actual Primer Mandatario, que incumplió una orden judicial cuando era Jefe de Gobierno del anteriormente llamado Distrito Federal y se vio obligado a enfrentar un juicio de desafuero.
“@lopezobrador_ desoye una suspensión para frenar el tramo 5 del tren maya. Argumenta que la obra es de seguridad nacional, pero ese sonsonete ya lo tiró la SCJN en diciembre cuando bateó su 'decretazo'. Precisamente por eso lo desaforamos en 2005, por desacatar sentencias”, escribió textualmente en su cuenta en Twitter, @JTrianaT.