En el ámbito laboral, obligar a los trabajadores a firmar papeles en blanco relacionados con el modo de contratación y cartas de renuncias anticipadas, son prácticas que deben ser erradicadas, demandó la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
La diputada Amalia García abordó el tema, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer medidas que inhiban y sancionen las conductas referidas.
Inspecciones sorpresa
Para poner freno a esas acciones irregulares, planteó la congresista, se debe instruir a inspectores del trabajo a realizar visitas extraordinarias de revisión e inspección a los patrones, cuando un empleado denuncie los hechos ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).
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También cuando haya quejas ante oficinas de Inspección del Trabajo a nivel local o federal.
Sanciones a quienes obliguen a firmar renuncias anticipadas
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Dichas conductas, añade, se sancionará conforme al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo.
Dicha norma señala que “a todo el que presente documentos o testigos falsos, se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y multas de 125 a mil 900 Unidades de Medida y Actualización. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en una semana”.
Agrega que los inspectores del trabajo acudirán a los centros laborales, cuando haya denuncias respecto a que en esos sitios se exige la firma en blanco de documentos o bien, renuncias anticipadas.
Los inspectores que no lleven a cabo las visitas sorpresa, también incurrirán en responsabilidades, apunta.
Renuncia al trabajo debe ser voluntaria
En la argumentación, la diputada García Medina subrayó que la renuncia al trabajo es y debe ser considerada como una decisión voluntaria del empleado, en el ejercicio del derecho a dar por terminada una relación laboral.
Cuando la terminación del trabajo no es voluntad del trabajador, se tratará de un despido, medida que también debe seguir reglas específicas.
Recordó que cuando no hay un motivo legal para la finalización del contrato de trabajo, se trata de un despido injustificado.
En esos casos el patrón está obligado a reinstalar a la persona cesada o bien, a indemnizarla con un pago equivalente a 3 meses de salario, recordó.
Obligar a firmar renuncia anticipada, práctica común
La legisladora y exsecretaria del Trabajo en la Ciudad de México, destacó que es una práctica recurrente entre patrones y empresas, obligar al personal a firmar documentos en blanco, también cartas de renuncia anticipada para que, en caso de despido, se evite cumplir las obligaciones marcadas por la ley, como indemnizar al trabajador.
La firma forzada de esos papeles, agregó, es ilegal y violatoria de derechos humanos.
Para evitar esas anomalías, el método adecuado podrían ser las visitas de inspección no programadas o extraordinarias.
Ello, para no poner en alerta al patrón que está infringiendo la ley, verificar las denuncias presentadas por los trabajadores, determinar las sanciones aplicables y en suma, hacer respetar los derechos laborales.
Recordó que en la reforma laboral aprobada en 2019, se estableció que los patrones o empresas ya no pueden obligar al trabajador a firmar los papeles señalados, o de lo contrario, serán sancionados.
Sin embargo, es necesario hacer cumplir en los hechos esas disposiciones, implementando mecanismos como las visitas de verificación sin previo aviso, abundó.