El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que 16 mandatarios estatales afines a Morena incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental y propaganda personalizada.
Por mayoría, la Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien determinó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que más infracciones cometió con 16, seguida por Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 13; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con 10 cada uno.
El juzgador refirió que con sus publicaciones, las y los gobernadores vulneraron la constitución.
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“Claramente las publicaciones han vulnerado la Constitución, lo cual demuestra como los gobernadores y las gobernadoras son responsables de tales conductas, los servidores públicos de los tres niveles de gobierno han dejado de observar los principios constitucionales en materia electoral. Ante la desobediencia reiterada de las personas servidoras públicas de respetar la Constitución, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la actitud que debe adoptar este Tribunal Electoral frente a esa transgresión? Para mí, la respuesta es más que evidente, se deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer respetar la Constitución como fundamento del orden jurídico de nuestro país”.
No obstante, los magistrados rechazaron la propuesta de Felipe de la Mata para ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) que emitiera nuevos lineamientos con sanciones que contemplarán la pérdida del modo honesto de vivir, lo que impediría a los servidores públicos registrarse como candidatos a un cargo de elección popular.
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A propuesta de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior determinó hacer extensivos los criterios que se utilizan en casos de violencia política en razón de género para aquellos asuntos de violaciones a la Carta Magna en materia electoral, lo que también podría derivar en la imposibilidad de los servidores públicos y obtener el registro como candidatos a un cargo de elección popular.