El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo en la que se le ordena abstenerse de realizar manifestaciones sobre la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Ante ello, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, dio un plazo de tres días para que el abogado de la nación acredite que dio cumplimiento al fallo judicial en el que se le ordenó tomar las medidas necesarias para que “en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”.
“Se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector...se procede a analizar si de las constancias que integran el expediente, se advierte que la sentencia protectora se encuentra o no cumplida...en consecuencia, resulta válido concluir que la sentencia dictada en el presente juicio NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA... Requiérase a la responsable para que en TRES DÍAS acredite haber dado cumplimiento al fallo protector”, señala el acuerdo del juzgador.
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Este asunto derivó luego de que el 12 de agosto del 2020, al participar en el seminario sobre “Violencia y Paz” que organizó El Colegio de México, Gertz Manero explicó la diferencia del trato que existe entre Emilio Lozoya y Rosario Robles, el cual responde a que el primero ha ofrecido colaborar para aclarar hechos de corrupción y la ex jefa de Gobierno no lo ha hecho.
Por este motivo, Robles Berlanga interpuso un juicio de amparo al argumentar que los dichos del servidor público implican una violación al derecho humano de presunción de inocencia.
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El juez Mejía Ojeda le dio la razón a la también ex titular de la Sedatu al señalar que “las declaraciones hechas por el Fiscal responsable, colocaron a la quejosa en un estado de vulnerabilidad al verse expuesta a enjuiciamientos sociales y públicos a través de medios de comunicación que pusieron en riesgo su derecho de presunción de inocencia, en momentos en que aún no existe la certeza de los hechos que se le imputan, ni una sentencia firme que lo avale”.
Por este motivo, le concedió la protección de la justicia federal, resolución que ya fue confirmada el 21 de abril de este año por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal.