La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el primer paquete de informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2021.
El organismo fiscalizador hizo observaciones por irregularidades en el gasto, por un monto de mil 38 millones de pesos.
De manera inicial, los entes fiscalizados aclararon el uso de apenas 201 millones de pesos, por lo que están pendientes por aclarar y en su caso recuperar, 836 millones de pesos.
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En el transcurso del proceso de fiscalización, esa cantidad podría reducirse.
Fuera del primer paquete de auditorías, megaobras y programas de AMLO
En el primer paquete de la revisión hecha al gasto público en 2021, la ASF no incluyó auditorías a los recursos destinados a las megaobras del Presidente de la República y que han sido criticadas por la oposición y por voces en la opinión pública, por representar derroche de recursos.
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En esta ocasión, la Auditoría no informó de las revisiones al Aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurado en marzo pasado y que ha sido cuestionado por su bajo número de operaciones.
Tampoco hay datos sobre el gasto en la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que será inaugurada este 1 de julio por el Presidente de la República.
De igual modo, en las primeras revisiones al gasto en 2021, no hay referencias al Tren Maya, cuyo avance está suspendido temporalmente en estos momentos, en el polémico Tramo 5, ante la falta de estudios de impacto ambiental que marca la ley.
Asimismo, en este bloque de auditorías tampoco hay reportes sobre el gasto en 2021 en los programas estrella del Ejecutivo Federal, como las pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
Gasto Federalizado Programable
En el primer paquete de auditorías, la ASF aplicó 122 al Gasto Federalizado Programable.
El monto observado, donde se detectaron anomalías en el gasto, fue de 637.8 millones de pesos.
Los entes fiscalizados lograron aclarar el uso de 190.6 millones de pesos, y hace falta aclarar la utilización de 447 millones de pesos.
Por las irregularidades señaladas, se emitieron observaciones equivalentes a 241 millones de pesos, y 22 solicitudes de aclaración por otros 206 millones de pesos.
Las entidades que mayores importes deben aclarar son Michoacán, con 133.4 millones de pesos; San Luis Potosí, con 76 millones; y Coahuila, con 47 millones de pesos.
Las principales irregularidades detectadas fueron: bienes adquiridos no localizados o inoperantes, así como servicios no realizados; falta de documentación para justificar y comprobar el gasto; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería, así como penas convencionales no aplicadas.
Lo anterior derivó en la emisión de 94 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Hallazgos fiscalización 2021
La Auditoría indicó que el mayor número de observaciones por uso irregular del erario, se registró en el gasto federalizado en estados y municipios.
Las anomalías involucraron la utilización de 637 millones de pesos, de los cuales, 385 millones de pesos iban destinados a educación y 252 millones, a seguridad.
Irregularidades Gobierno Federal
En la revisión del gasto en el Gobierno Federal, se encontró uso indebido del recurso público en el área de Medio Ambiente, con 120 millones de pesos; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con otros 120 millones; Hacienda y Crédito Público, con 92.4 millones de pesos.
A las instancias con más irregularidades se sumaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con 36.2 millones de pesos; y también, el rubro de Aportaciones a Seguridad Social, con 16.4 millones de pesos.
Primer bloque de auditorías 2021
Las observaciones aplicaron a los rubros de Aportaciones Federales, Ramo General 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del anterior Distrito Federal (FASP), principalmente.
Programó la realización de mil 681 auditorías a la Cuenta Pública 2021, gran parte de ellas, 903, al Gasto Federalizado Programable, que incluye las Aportaciones Federales a entidades y municipios a través de distintos fondos.
598 revisiones se hicieron a las participaciones federales también a las entidades y municipios.
Del total de auditorías, 28 se hicieron a dependencias del Gobierno Federal; 623 a gobiernos de los estados, 765 a gobiernos municipales y alcaldías de la Ciudad de México, 64 a instituciones de educación media superior; 121 a instituciones de educación superior, 32 a los congresos estatales, 32 a institutos de servicios de salud en los estados y 16 al Poder Judicial.
Reflexiones sobre un mejor uso del gasto
Al intervenir a distancia, el auditor David Colmenares, no detalló las cifras de los primeros informes de fiscalización, sino que planteó una serie de reflexiones sobre los hallazgos en el proceso de fiscalización.
Manifestó que la fiscalización no debe verse afectada por la realización de procesos electorales en el país.
Señaló que el área donde hay más irregularidades en el uso del erario es el Gasto Federalizado, incluyendo las participaciones a estados y municipios.
Los gobiernos estatales y municipales, siguen presentando incumplimientos en el uso transparente del gasto y el dinero público que reciben a través de participaciones y transferencias, en particular por medio de fondos.
Es necesario, dijo, fortalecer el registro de gasto a nivel estatal y municipal, evitar retrasos en la distribución de los recursos, así como asignaciones injustificadas y faltantes en la entrega de presupuesto a los municipios.
Otro rubro del gasto donde las anomalías son constantes, es en la ejecución de obra pública, que debería estar sujetas a procesos y mecanismos más eficientes en materia de gasto, calidad de la obra y transparencia, con el fin de garantizar que tendrán el impacto positivo esperado en la ciudadanía.
En esa área hay espacios de mejora en el desarrollo de proyectos ejecutivos, análisis y manifestaciones de impacto ambiental, estudios de ingeniería básica, urbanística, mecánica de suelos, la revisión del desempeño financiero en su construcción y otros factores que dan certeza a las propias obras y a la población.
Sobre los programas públicos, agregó, es necesario mejorar en la definición y cumplimiento de metas, fortalecer su diseño, mejorar la asignación de presupuestos y someter a verificación su ejecución.
También debe mejorar la vigilancia sobre la utilización de los recursos destinados a ese tipo de acciones gubernamentales.