La contratación e inclusión laboral de personas transgénero, debería contar con incentivos fiscales por parte del Estado, propuso la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Clemente García.
La congresista señaló que con reformas a la Ley General del Impuesto Sobre la Renta (ISR) deberían aplicar deducciones en el pago de ese gravamen, a los empleadores de personas trans.
Indicó que la norma en cuestión, ya contempla beneficios fiscales para quienes contratan personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores, y esa acción efectiva debería aplicar también a personas trans.
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Inclusión laboral
García Clemente planteó otorgar estímulo fiscal en rubro del ISR, a personas físicas o morales que empleen a la población señalada.
El estímulo fiscal consistirá en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.
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“Para esos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley”, dice el texto presentado por la legisladora.
Discriminación a personas trans
En la argumentación, la legisladora refirió que si bien el país avanza en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, las personas tras siguen viviendo “niveles aterradores” de violencia física.
Refirió que la Asociación Médica Estadounidense declaró en el año 2019, que la violencia contra ese grupo poblacional, como una “epidemia”.
Agregó que en México, en el año 2021, fueron asesinadas 32 mujeres trans. Esos crímenes representan más del 50 por ciento de los delitos por odio contra la población LBGT.
A inicios de 2022, agregó, hubo dos asesinatos más de personas transgénero, uno perpetrado en Puebla y otro en el estado de Tabasco.
En cuanto al empleo, afirmó que entre la población trans en México, el 41 por ciento cuenta con estudios superiores, pero podrían tardar hasta 10 meses en encontrar un empleo.
Ello, aunado a que solo 5 por ciento de las personas trans con una profesión, pueden ejercerla, y la tasa de desempleo entre la comunidad, es de 90 por ciento, lo cual obliga a buscar ingresos en el empleo informal y el autoempleo, y agrava la falta de acceso a prestaciones, seguridad social y atención médica, alertó.
“Mejorar los procesos de reclutamiento y hacerlos transincluyentes puede salvar vidas y puede tener un impacto real para brindar más oportunidades a las mujeres trans y a las personas trans”, abundó.