La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, lamentó que el Gobierno Federal haya decidido optar por la prohibición de los vapeadores, y con ello, incentivar de manera colateral el mercado negro de esos productos.
El diputado Salomón Chertorivski añadió que en lugar de impedir el comercio de productos que ya ingresan y circulan en el país, la autoridad federal debería tomar el control.
Lanzar campañas de información masivas sobre los efectos que esos implementos tienen, qué tipo de daño pueden causar, para qué sirven y de ese modo, permitir que la ciudadanía decida por si misma si los emplea o no.
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“El hecho de prohibir lo que genera es un mercado negro y una autoridad que esté fuera de la posibilidad de intervenir en lo que sí se necesita intervenir, que es esto. Que se respete el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, apuntó.
Autoridad evade regular
Consideró que como cualquier otro producto a la venta en supermercados, tiendas, expendios y otros establecimientos, los vapeadores deberían estar sujetos a una regulación legal precisa y clara, así como etiquetados para proporcionar al consumidor, información sobre su contenido, modo de uso y efectos.
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Al reiterar que está ampliamente comprobado que las políticas “prohibicionistas” no funcionan, recalcó que las personas adultas en México debería tener la libertad de decidir si usa o no un vapeador, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Los habitantes del país también deben tener derecho a saber qué están comprando, como sucede con cualquier otro producto o alimento a la venta en espacios comerciales.
Las restricciones deberían aplicar sólo para grupos de riesgos específicos, como los menores de edad, pero el bloqueo total, incentiva el tráfico ilícito.
Señaló que los vapeadores deberían estar sujetos a reglas similares a las que aplican con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Vapeadores y recaudación
Chertorivski Woldenberg agregó que la autoridad federal también está perdiendo de vista el elemento recaudatorio, así como la oportunidad de generar ingresos a través de impuestos aplicables a un mercado que actualmente tiene al menos dos millones de usuarios, incluso en medio de la prohibición.
Recordó que su bancada y legisladores de otras fuerzas parlamentarias han presentado propuestas de reforma para reglamentar los vapeadores, impedir que esos productos lleguen a los menores de edad, que la práctica del vapeo se lleve a cabo de manera legal, sujeta a reglas y disposiciones legales, pero no han sido atendidas.
Agregó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se ha pronunciado contra las prohibiciones absolutas y ese criterio aplicaría también en el caso de los vapeadores.
“Las prohibiciones absolutas como ellos mismos en la Suprema Corte lo expusieron, no son constitucionales, porque van en contra del libre desarrollo de la personalidad (…) el decreto de prohibición absoluta es uno más de los absurdos de nuestra autoridad en materia de salud”, remarcó.