El ex director jurídico de la cooperativa La Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, no podrá ser trasladado al penal del Altiplano, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte, desde donde deberá enfrentar los dos procesos penales que se siguen en su contra por delitos federales y del fuero común.
La juez Yazmín Eréndira Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, le concedió al colaborador de Guillermo Álvarez Cuevas, la suspensión provisional contra la orden de traslado y su ejecución.
La impartidora programó la audiencia incidental para el 27 de junio, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva y dio un plazo de 48 horas para que el juez de control con residencia en Almoloya de Juárez rinda su informe previo.
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Garcés Rojo promovió la demanda de garantías el pasado 17 de junio, es decir, dos días después de que se dio a conocer que elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex directivo de la empresa cementera fue capturado el viernes 10 de junio en la esquina de las calles Lamartine y Homero, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por su probable participación en la comisión del delito de falsedad ante autoridades y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Norte.
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De acuerdo con la declaración que rindió ante la FGR el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, los recursos que durante años fueron desviados de la cooperativa presuntamente sólo se entregaron a Guillermo Álvarez, a su hermano José Alfredo y a Víctor Manuel Garcés.
Mencionó que estas personas eran quienes “promovían e imponían bajo amenazas” la contratación millonaria de diversos proveedores, que resultaron ser empresas fachadas, a través de los cuales desviaron el dinero de la cementera.
Junquera Sepúlveda manifestó que Billy Álvarez, su hermano y Garcés Rojo recibían, de las empresas fachada, grandes cantidades de dinero en efectivo, “en lo que es un claro esquema de lavado de dinero que realizaron de manera reiterada durante varios años”.