GUARDIA NACIONAL

Presentan a SCJN 'Amicus Curiae' por actuación de Guardia Nacional

Se derivó por los tres años del despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras.

Guardia Nacional en México
Guardia Nacional en MéxicoCréditos: Cuartoscuro
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A tres años del despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la acción de inconstitucionalidad 62/2019 respecto a las Leyes Secundarias de la GN.

Entre las organizaciones se encuentran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y éstas destacaron que el amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a ese cuerpo de seguridad militarizado “por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida desde julio del 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin embargo a tres años, la Corte no se ha pronunciado al respecto, señalaron a través de un comunicado.

A través de este amicus curiae las organizaciones acercaron información sobre abusos y violaciones por las tareas de control y verificación migratoria, contención y despliegue y resguardo de estaciones migratorias o albergues.

Entre los abusos documentado se encuentran agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión, uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Ante la documentación de las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la GN en el ámbito migratorio, consideraron es Enciso el escrutinio judicial del marco legal que facultaba esta institución, “lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, concluyeron.