La Cámara de Diputados atenderá a partir de septiembre próximo, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de emitir una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional referente al derecho humano de acceso al agua.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de San Lázaro, Rubén Muñoz subrayó que emitir una Ley General de Aguas pendiente, representará algunos retos.
Será necesario resolver cómo se dará agua a los ciudadanos que no la tienen, con qué recursos presupuestales se contará para ello y quienes serán los responsables de cumplir con esa obligación, entre otros rubros.
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Pendiente Ley General de Aguas
Recordó que hace una década, cuando se integró al artículo 4 de la Carta Magna el derecho humano al agua, y ante el incumplimiento del Legislativo en emitir una ley reglamentaria, el asunto llegó al Alto Tribunal y este dio un plazo de 360 días, para cumplir.
Ese periodo venció hace aproximadamente 10 años y la nueva determinación de los ministros de la Corte, de poner como límite este 2022, obliga a los congresistas a llegar a acuerdos y aprobar la norma señalada antes de que finalice el año.
Por lo tanto, la Comisión a su cargo y la Cámara, tendrán hasta el próximo mes de diciembre para cumplir esa obligación.
“Para establecer cómo se les va a dar agua a esos mexicanos, con qué recursos, quiénes serán los responsables y a partir de cuándo, buscando tres objetivos fundamentales: agua para todos, atender el tema de cobertura, agua con calidad, agua con asequibilidad y frecuencia”, refrendó.
Agua sin colores políticos
El diputado Muñoz Álvarez reconoció que por diferencias de tipo político, el Legislativo no ha podido cumplir su deber de reglamentar el derecho humano de acceso al agua, por lo que hizo un llamado a no politizar el tema. “El agua no tiene color”, remarcó.
Agregó que el diagnóstico sobre la situación hídrica del país está casi listo, y en el transcurso de su elaboración, los legisladores han podido corroborar que el problema en la materia es grave.
Comparó la situación del agua en México con un “enfermo” al que se le han hecho distintas “biopsias”, las cuales han permitido confirmar que el organismo sufre una “metástasis hídrica”, que podrá ser atendida sólo si participan todos los ciudadanos y actores del país.
La nueva norma en la materia debe tener un contenido social y no ideológico, porque el del agua no es un asunto partidista sino técnico que requiere soluciones en ese mismo tenor, recalcó.