Al cumplirse 16 años de los actos que desembocaron en la tortura sexual de varias mujeres en San Salvador Atenco, las víctimas evidenciaron que esta práctica sigue vigente en el país y que las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la no repetición y el otorgamiento de justicia a las víctimas.
A través de un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las mujeres de Atenco aseguraron que las medidas de no repetición son urgentes, especialmente frente a un contexto donde la tortura sexual es una práctica persistente en el país, como lo demuestra la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL) 2021, la cual revela que el 64.4% de las mujeres privadas de la libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
Los datos también muestran que el 39.8% sufrió alguna agresión física después de la detención, de las cuales 15.5% refieren agresión de carácter sexual, 4.8% dijo haber sido victima de violación y 4.6% dijo haber sido lesionada en órganos sexuales, en suma, el 25% de las agresiones físicas fueron de carácter sexual.
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Ante esta realidad, consideran que es indispensable el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, resolución en la que entre otras medidas ordenó: la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, crear un Observatorio independiente sobre uso de la fuerza las instituciones policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del estado de México, así como fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual.
A tres años del dictado de fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas.
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Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo, concluyó el Centro Prodh.