Tras una audiencia de 23 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decretó la no vinculación a proceso de los tres abogados y el operador financiero que fueron acusados de extorsionar a Juan Collado.
El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Julio Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a las cuatro personas, pero el ex servidor público no fue citado a comparecer, lo que Delgadillo Padierna consideró como un intento de “imputación ficticia”, con lo que violó su derecho de presunción de inocencia.
Añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.
Te podría interesar
Afirmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.
Al respecto Juan Antonio Araujo, uno de los acusados, destacó que la resolución de Delgadillo Padierna establece la pauta de que el proceso en su contra se trató de una venganza.
Te podría interesar
Por su parte Alejandro Robledo, abogado de César Omar González destacó que el fallo del juez derrumba otra venganza más de la FGR.
En la diligencia, la FGR solicitó al juez de vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, e Issac Pérez Rodríguez, así como el asesor financiero David Gómez Arnau, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, y extorsión agravada, mientras que a César Omar también se le imputó el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los fiscales aseguraron que el ex consejero Jurídico participó en la presunta extorsión en contra de Juan Collado.
Mencionaron que los cuatro acusados y el ex servidor público formaron parte de una asociación delictuosa que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 con el propósito de realizar diversas conductas delictivas y que en diversos momentos los imputados promovieron acciones ilegales en contra de Collado Mocelo.
Incluso promovieron la figura de Julio Scherer para obtener y realizar trámites en beneficio de ellos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de otras instituciones.
El fiscal Manuel Granados comentó que a partir de noviembre de 2018, Juan Antonio “A” y César Omar “G”, convocaron a sus oficinas a los hermanos Juan Ramón y Antonio Collado, a quienes le dijeron que tenían relaciones "del más alto nivel" en este gobierno que estaba a punto de iniciar, y que Julio Scherer tendría poder sobre el sistema de justicia federal.
Al año siguiente, en mayo de 2019, citaron a Juan Collado en el hotel Hyatt de Polanco, donde le propusieron que fuera Julio Scherer su único conducto para resolver sus problemas, debido a sus contactos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la UIF, así como en el Poder Judicial Federal y en la Fiscalía General de la República (FGR).
En junio del mismo año, los abogados le comentaron a Juan Collado que tenía un problema con el SAT, por un depósito, por lo que le ofrecieron reunirse con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
Granados Quiroz refirió que Scherer Ibarra y las otras cuatro personas carecían de personalidad jurídica para tramitar asuntos, no podía tener injerencia con las autoridades hacendarias ni penales, debió ser ético y no lo fue.
Refirió que también hubo tráfico de influencias porque pidieron la intervención de Julio Scherer, para que el recurso de apelación contra la vinculación a proceso de Juan Collado por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ingresara al Quinto Tribunal Unitario en materia penal.
Pese a todos estos señalamientos, el Ministerio Público Federal no formalizó ninguna acusación contra Julio Scherer