La Fiscalía General de la República (FGR) podrá mantener bajo reserva la información de su personal, tanto a nivel operativo como administrativo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la que le ordenaba a la FGR entregarle a un particular el nombre y cargo de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías, entre ellas la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Por mayoría de siete votos, el pleno del Alto Tribunal aprobó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien originalmente propuso invalidar parcialmente la resolución del INAI para que la FGR sólo entregara la información relativa al personal administrativo.
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No obstante, el ministro Jorge Pardo, así como las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz se pronunciaron a favor de invalidar la totalidad del acuerdo.
Al respecto, Ortiz Ahlf destacó que difundir la información podría mermar la capacidad de investigación de la institución, además de que pondría en riesgo al personal.
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“Hacerla pública equivaldría a revelar la capacidad de fuerza del Estado, esto es proporcionar información del 73 por ciento del total de los agentes del Ministerio Público de la Federación por lo que coincido en que su publicación sí mermaría la capacidad de la fiscalía para la investigación y persecución de los delitos de su competencia, vulnerando así sus facultades constitucionales. Todo lo anterior resulta de la mayor relevancia a la luz del contexto nacional de seguridad pública y los altos índices de delincuencia, circunstancia a la que este alto tribunal debe ser sensible, a fin de evitar pronunciamientos que obstaculicen o dificulten, en los hechos, la procuración de justicia”.
Al votar en contra del proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán refirió que la controversia de la FGR resultaba improcedente, por lo que se pronunció a favor de decretar el sobreseimiento, tal y como lo resolvió la Corte en el caso de la controversia que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para impugnar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
“Este asunto es improcedente, tal cual lo resolvió este Alto Tribunal en la controversia constitucional 44 de 2021, recuerdan todos ustedes que es una controversia constitucional presentada por la Cofece contra el Congreso de la Unión en donde combatió la Ley de la Industria Eléctrica. Este Alto Tribunal estableció que al analizar el contenido de los argumentos planteados por la Cofece, descubrió que ninguno de ellos combatía un tema de invasión a una competencia de la Cofece y por tanto se sobreseyó en ella”.
Por su parte, la ministra Norma Piña también se pronunció en contra del proyecto, debido a que las resoluciones del INAI son inatacables para los sujetos obligados.