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Cambios en La Escuela es Nuestra, bajo la lupa de organizaciones

UNICEF, Save The Children y otras organizaciones, piden someter a evaluación cambios en el programa de infraestructura que absorbió Escuelas de Tiempo Completo.

Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIONAL el

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF, se pronunció a favor de que los cambios en materia educativa implementados por el Gobierno Federal, como el de la integración de elementos del programa Escuelas de Tiempo Completo al de La Escuela es Nuestra, se sometan a evaluación para verificar su eficacia y funcionamiento.

En reunión con integrantes del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados sobre Escuelas de Tiempo Completo, Astrid Hollander, representante de esa instancia internacional, calificó como muy importante que La Escuela es Nuestra integre en los hechos, el horario extendido y alimento preparado para los alumnos.

Recalcó que hay claras diferencias en los criterios y reglas aplicables a cada programa, por lo que si operarán de manera conjunta, será necesario definir claramente sus metas, objetivos, indicadores y disposiciones que permitan medir su funcionamiento.

“Si hay ciertas diferencias en los criterios, entonces sí se deja fuera en lo que son los criterios de la Escuela es Nuestra, por ejemplo, el criterio de bajo logro educativo y alto índice de deserción escolar, entonces también retomar estos criterios que son más del ámbito educativo”, planteó. 

La invitada subrayó que será relevante capacitar a los integrantes de los Comités Escolares de Administración, para la toma de decisiones respecto al uso de los recursos públicos que recibirán.

Se deben implementar medidas de rendición de cuentas sobre uso del presupuesto al alcance, con el fin de saber si se destinaron a infraestructura y mantenimiento de planteles, y en qué proporción se dedicaron al horario ampliado y al suministro de un alimento preparado a los menores.

“Sería recomendable considerar una evaluación del programa La Escuela es Nuestra de manera periódica, porque siempre se puede aprender, siempre se puede ajustar”, abundó.

Enfatizó que el brindar un alimento preparado en las escuelas, elaborado con productos locales y naturales, puede ser un incentivo para que regresen a las escuelas, los estudiantes que abandonaron a causa de la pandemia por COVID-19 u otras razones.

Sugirió simplificar el cumplimiento de objetivos del programa La Escuela es Nuestra y esclarecer sus reglas de operación.

No al desmantelamiento de Escuelas de Tiempo Completo

Por su parte, la representante de la organización Save The Children, Nancy Ramírez, señaló que México debe tener cuidado con políticas públicas que afectan los derechos de la niñez.

No puede permitirse el desmantelamiento de programas que están funcionando.

Es inhumano y regresivo, advirtió, dar pasos atrás en beneficios para la niñez y el ejercicio de derechos, que ya se habían alcanzado con la implementación del programa desaparecido.

“Hemos insistido en que la desaparición de la jornada extendida y de los servicios de alimentación en la educación básica, representarían una violación al principio de progresividad en los derechos humanos”, alertó.

Remarcó que el Gobierno Federal no puede eliminar beneficios para los alumnos con mayor rezago que ya estaban vigentes, es decir, “desmantelar” avances que ya se habían alcanzado.

Afirmó que la organización a la cual representa considera que los programas de infraestructura y de atención al rezago educativo a través de alimentación a los estudiantes y un mayor tiempo de estancia en los planteles, no pueden mezclarse.

Se ha pedido al Ejecutivo Federal que mantenga un programa específico para ampliar horarios de clases y dar alimentación, así como destinarle recursos suficientes.

Riesgo de desaparición definitiva de horario ampliado y alimento en escuelas

Sobre las reglas de operación emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a inicio del presente mes de mayo, lanzó una serie de alertas: sus reglas de operación ponen en riesgo la extensión del horario y el suministro de alimentos, ya que no garantizan que esos dos elementos se cumplirán.

No cuentan con ningún indicador que haga alusión a los componentes que en el papel, quedaron integrados; aunado a que hará imposible la evaluación de cumplimiento de metas, alcances y objetivos.

Señalan que ningún colegio podrá acceder al apoyo de La Escuela Es Nuestra, por dos años consecutivos. Si esa disposición no es un error, agregó, sería sumamente grave que el Estado restrinja de ese modo el ejercicio de derechos.

La forma en que están planteadas, obligará a los Comités de Administración a decidir entre gastar el recurso público, en manos de privados, en este caso los padres de familia y los demás integrantes de esos organismo, en mantenimiento y las instalaciones físicas de las escuelas, o en las clases y alimentos para los menores.

Recalcó que al entregar a Comités de Administración conformados por padres de familia y otras personas, el manejo de recursos públicos destinados a educación, el Estado incumple sus obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la educación, ello, sin mencionar la violación al interés superior de la niñez y otras garantías.

Evaluación Banco Mundial

En su intervención, Marcela Silveyra, Analista en Práctica Global de Educación del Banco Mundial, recordó la evaluación hecha por esa institución en 2017, en el décimo aniversario de las Escuelas de Tiempo Completo.

Al revisar sus resultados, se corroboró que en México sí tuvo efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos con mayor rezago, contribuyó a la permanencia de los alumnos en las escuelas y a promover una mayor equidad en la educación, para los estudiantes que viven en condiciones menos favorables.

Grave regresión en derechos humanos

En su intervención, Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, calificó la decisión del Gobierno Federal como una grave regresión en materia de derechos humanos, en especial al interés superior de la niñez.

Calificó como “falta de inteligencia” la determinación del Ejecutivo, de eliminar un programa que estaba cumpliendo los fines para los cuales fue implementado.

Es una violación intencional a los derechos de la niñez, sentenció.